Las sanciones del Poder Electoral no evitarán nuevas violaciones

EL CNE DEBE SOLICITAR SANCIONES PENALES
PARA INFRACTORES EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Caracas, 19 de julio de 2007
NPS 221

La sanción al Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, aplicada por el Consejo Nacional Electoral luego de ocho meses de la comisión del delito, por un monto de 18 millones 816 mil bolívares, por su intervención indebida en la campaña electoral cuando conminó a los ejecutivos y personal de la empresa a ser “rojos rojitos”, es considerada por Súmate como un incentivo para que los funcionarios públicos continúen violando la Constitución y las leyes de la República en futuras elecciones.

Súmate se pregunta por qué el CNE ha decidido hasta la fecha sólo 15 sanciones, entre ellas la del ministro y presidente de PDVSA, una gobernadora, cinco alcaldes y los comandos de campaña de los candidatos Hugo Chávez y Manuel Rosales; cuando hubo un sinnúmero de violaciones a la normativa electoral por parte de varios ministerios, gobernaciones, alcaldías, presidentes y directores de múltiples organismos del Estado, entre otros.

Como prueba de ello, la organización ciudadana hace mención a dos escritos en los que formalmente denunció y reportó ante el CNE y la Contraloría General de la República 117 violaciones al Reglamento de Normas de Publicidad y Propaganda del CNE y la legislación venezolana (70 denuncias de irregularidades en noviembre y 47 en diciembre) que hasta la fecha desconoce si han sido procesadas.

No se están aplicando las penas previstas en el ordenamiento jurídico
Según Súmate, las sanciones del CNE no excluyen la responsabilidad de los infractores ante otras regulaciones del ordenamiento jurídico vigente. Los funcionarios públicos violaron específicamente los artículos 67 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 210 y 215 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP) , 13 y 68 de la Ley Anticorrupción, y 20 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. El artículo 68 la Ley Anticorrupción establece la pena de prisión de un (1) año a tres (3) años para los funcionarios públicos que utilizan sus cargos para favorecer a candidatos en la campaña electoral, tal como quedó evidenciado en el caso del Ministro y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. En tal sentido, Súmate le recuerda al CNE su deber de remitir las actuaciones cumplidas, en este caso los expedientes de los sancionados, al Ministerio Público cuando existen indicios de comisión de faltas o delitos previstos en la ley, así como lo establece el artículo 259 de la LOSPP.

Ante esta situación, Súmate cuestiona la capacidad del actual CNE para evitar que en los próximos eventos electorales se repitan situaciones similares, cuando las sanciones no se corresponden con la gravedad de las violaciones y tampoco son acordes con el nivel del cargo del funcionario que las comete. Esta organización ciudadana anuncia que seguirá estudiando las sanciones que se publiquen en los próximos días y lamenta la inutilidad de las Normas de Publicidad y Propaganda de la campaña presidencial, como también el silencio de las instituciones del Estado, antes tan graves faltas que sólo logran incentivar el abuso de poder.

CNE está en mora con proyectos de leyes electorales
Adicionalmente, el Poder Electoral no está dando respuesta y garantizando los mecanismos de participación de los ciudadanos, cuando está en mora con proyectos de leyes electorales y cuando incumple con su deber de informar oportunamente a los ciudadanos acerca de los procesos que está conduciendo. La carencia de acciones genuinas del CNE para la generación de confianza en el electorado, obstaculiza las posibilidades de los venezolanos para ejercer su ciudadanía a través de los mecanismos electorales.

Esta organización insiste en la necesaria búsqueda de la legitimación de la directiva del Poder Electoral, según el procedimiento establecido en la Constitución Bolivariana, que conduzca a la designación de rectores que puedan garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia en los próximos procesos electorales, como única forma de revertir efectivamente lo que las últimas directivas del CNE han convertido en un “tradicional” clima de ventajismo y de amedrentamiento oficial a favor de quienes detentan el poder.

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