Más de 100 días sin rendir cuentas de su gestión en el 2007
RECTORES DEL CNE PODRÍAN SER INHABILITADOS

Caracas, 17 de junio de 2008
NPS 244

Más de 100 días tiene el CNE sin cumplir con la obligación de presentar la Memoria y Cuenta de su gestión en el año 2007 y hasta la fecha ninguno de los poderes del Estado con funciones contraloras, como la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, se ha pronunciado para exigirle que cumpla con lo establecido explícitamente en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.

La denuncia la formuló desde la sede nacional del CNE el vocero de Súmate Dashiell López, acompañado de un grupo de jóvenes voluntarios. Explicó que la conducta del CNE de no entregar a tiempo su Memoria y Cuenta ha sido reiterativa en sus tres últimas directivas. Al respecto, mencionó la denuncia formal que introdujo Súmate ante la Contraloría General de la República contra el Poder Electoral en abril del año 2006, por no haber rendido cuentas en los años 2003, 2004 y 2005.  

López exhortó al CNE a rendir cuentas ante el país de los cuantiosos recursos financieros de que ha dispuesto, que incluye el financiamiento adicional a su presupuesto ordinario. El vocero de Súmate dijo que los venezolanos tenemos derecho a saber cuáles fueron los costos de la recepción de manifestaciones de voluntad para activar los revocatorios de gobernadores y alcaldes, de los 10 procesos de referendos revocatorios regionales y del Referendo Consultivo de la Reforma Constitucional, entre otros procesos electorales celebrados el año pasado, incluyendo las inversiones en tecnología y equipos de votación.  

Cualquier inhabilitación procedería después de una sentencia firme
Para el vocero de Súmate es insólito que la Contraloría General de la República no se haya pronunciado ni haya establecido sanciones a ninguno de los rectores de las tres últimas directivas, de las cuales fueron parte el exrector Francisco Carrasquero, actual Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia; Jorge Rodríguez, quien fue rector principal y luego presidente del organismo electoral, un año después fue nombrado Vicepresidente de la República y últimamente es candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador; y la rectora Tibisay Lucena, quien ejerce actualmente la presidencia del CNE.  

De acuerdo a Dashiell López, si la Contraloría General de la República hubiese cumplido con sus funciones que establece nuestro ordenamiento jurídico, la rectora Tibisay Lucena y el magistrado Francisco Carrasquero no estarían desempeñando cargos administrativos en este momento; como tampoco el exrector Jorge Rodríguez, hubiera podido desempeñar el cargo de Vicepresidente de la República en el año 2007.  

Sin embargo, advirtió que cualquier sanción que impida el ejercicio de funciones administrativas o restringa los derechos políticos, como negarle el derecho a algunos ciudadanos de inscribirse como candidatos a cargos de elección popular; debe ser determinado por una sentencia definitivamente firme dictada por un tribunal penal, según lo contemplado en el artículo 23 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Agregó López, que en caso de que los rectores del CNE incluyan en la normativa de las elecciones regionales la prohibición de postulaciones a candidatos inhabilitados inconstitucionalmente por la Contraloría General de la República, estarán expuestos a sanciones civiles, administrativas y penales por privar a estos ciudadanos de sus derechos humanos, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución de la República.  

La función del CNE es promover el ejercicio de los derechos políticos
Otro llamado de atención formulado por López es que la actual presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena, es la menos indicada para impedir que los ciudadanos inhabilitados inconstitucionalmente por la Contraloría General se inscriban como candidatos para estas elecciones regionales; porque ella fue parte de dos directorios que nunca entregaron la Memoria y Cuenta de sus gestiones de los años 2003 y 2004; además de haber incurrido en mora en la entrega de este informe en el 2005 y 2006, y actualmente es responsable directa de la omisión del mismo en el 2007. 

Los rectores del CNE, dijo el vocero de Súmate, saben que estas inhabilitaciones de la Contraloría a más de 400 ciudadanos no proceden porque las mismas violan la presunción de inocencia y cambia la carga de la prueba. “Los rectores del CNE al pretender negar la postulación de candidatos para las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre, juegan en posición adelantada y violentan el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución Nacional”. Por último, enfatizó que el papel del CNE es promover la participación y el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. 

Súmate asume esta acción, expresó López, como parte de su ejercicio del derecho de controlar la gestión y administración de los bienes y fondos públicos por parte de los funcionarios del Estado, consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República, el artículo 24 numeral 4, y el artículo 25 numeral 7 de la Ley de la Contraloría General de la República; y el artículo 12 de la Ley Contra la Corrupción (LCC). Además, expresó que este pronunciamiento se inscribe dentro de lo contemplado en el artículo 66 del texto constitucional que otorga el derecho a los electores de exigir a sus representantes cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión


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