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El gobierno
pretende desconocer decisión popular del
23-N
DEBEMOS
DEFENDER A TODOS LOS GOBERNADORES ANTE
ARREMETIDA CONTRA LA DESCENTRALIZACIÓN
Caracas, 17 marzo de 2009
NPS 279
La decisión del gobierno nacional de
sustraerle a las gobernaciones la
administración de puertos y aeropuertos,
carreteras y autopistas nacionales, como
colocar una autoridad única para el Distrito
Capital y diferir las elecciones municipales
y de miembros de juntas parroquiales; es
para Súmate una demostración contundente de
que estamos transitando el camino para la
reducción del poder estadal y municipal, con
el fin de concentrarlos en la Presidencia de
la República.
Para Súmate es muy grave que en esta acción
estén alineados el Tribunal Supremo de
Justicia, la Fuerza Armada Nacional y la
Asamblea Nacional, esta última al aprobar la
reforma a la Ley de Descentralización.
El 333 de la Constitución nos da el mandato
de defenderla
Con la reforma a la Ley de
Descentralización, la Asamblea Nacional
desconoce lo establecido en el artículo 164
de la Constitución, cuya modificación fue
rechazada por los venezolanos en el
referendo de la reforma constitucional el
pasado 2 de diciembre de 2007, a través del
voto popular.
Los ciudadanos tenemos el deber de defender
la Constitución cuando se pretende derogar
aspectos previstos en ella, tal como lo
establece el artículo 333 de la misma. Por
este motivo, debemos exigirles a todas las
autoridades electas, de cualquier partido u
orientación política, que defiendan las
competencias y recursos de sus estados y
municipios, como también respaldar las
iniciativas que éstos realicen,
independientemente de que hayamos votado a
favor o en contra de ellos.
Centralizar servicios atenta contra calidad
de vida de comunidades
Es oportuno resaltar que durante los últimos
20 años, uno de los principales avances
políticos en el país ha sido la
descentralización del poder público, que ha
permitido a los venezolanos elegir a sus
autoridades estadales y municipales. Este
logro ha redundado en mejoras de la calidad
de vida de las comunidades, ya que tienen la
potestad de elegir y destituir a los
funcionarios públicos que deben dar solución
a sus necesidades locales más apremiantes
como salud, agua, energía eléctrica,
seguridad, transporte público.
Con la apropiación, por parte del Ejecutivo
Nacional, de las competencias de las
gobernaciones en la administración de los
puertos y aeropuertos se le está eliminando
una fuente de ingresos propios a esas
entidades, la cual tiene como destino
contribuir a la solución de muchas de sus
necesidades.
…Construimos Democracia
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