¿SE RESPETA LA VIDA PRIVADA DEL CIUDADANO VENEZOLANO?
1. El temor al excesivo control del Estado abarca también a los ciudadanos y en ese sentido destacan varios hechos significativos:
- La aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de diciembre de 2004. La misma se percibe como un incremento del control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión al crear una serie de disposiciones que violan los estándares en un intento de intimidación a la libertad de prensa.
- La aprobación de la Ley de Reforma del Código Penal que entró en vigencia el pasado 16 de marzo de 2005, y que se percibe y efectivamente constituye un intento por “criminalizar” la disidencia política e incrementar las penas de los llamados “delitos de desacato”, conocidas en Venezuela como “vilipendio”.
- La revocatoria de sentencias firmes de algunos tribunales incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. Lo anterior implica que cualquier persona es susceptible de ser llevada nuevamente ante los tribunales después de haber sido declarada inocente.
2. Desde hace varios años vienen apareciendo tanto en las televisoras del estado como en las publicaciones adeptas al Gobierno del Presidente Chávez y en Internet, trascripciones de conversaciones telefónicas entre personalidades de la oposición. Estas conversaciones son ilegalmente grabadas sin el conocimiento y consentimiento de los agraviados y son utilizadas para desprestigiar, amedrentar o inculpar a personas por algún tipo de acción o contenido de la conversación.
3. Lo anterior resulta en que se perciba con desconfianza y como una amenaza de invasión a la privacidad la Providencia Administrativa publicada el 1 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial N° 38157. La misma tiene por objeto establecer las normas relativas al requerimiento de datos personales de los abonados del servicio de telefonía móvil al momento de la suscripción de los contratos de servicio, así como las normas relativas al suministro de información por parte de los operadores de estos servicios a los órganos de seguridad del Estado.
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