El Nacional - Miércoles 21 de Septiembre de 2005 A/6
Política
Cancillería
colombiana negó refugio a militares del 11-A
Carlos
Bastidas, abogado del vicealmirante Héctor Ramírez Pérez y del general de
brigada Pedro Pereira Olivares, anunció que solicitarán a la canciller del país
vecino, Carolina Barco, un recurso de reposición para que la decisión sea
revisada
VANESSA
GÓMEZ QUIROZ
Ramírez Pérez dijo que su
permiso para permanecer en Colombia se vence pronto
Un
grupo de militares venezolanos que participó en los hechos del 11, 12 y 13 de
abril de 2002, cuando el presidente Hugo Chávez fue depuesto de su cargo, pidió
refugio en Colombia, pero la solicitud fue rechazada por el gobierno del
presidente Álvaro Uribe, informó la agencia de noticias AP.
El
vicealmirante Héctor Ramírez Pérez y el general de brigada Pedro Pereira
Olivares solicitaron a Colombia hace más de tres semanas ser reconocidos como
refugiados, por considerarse perseguidos políticos. El coronel retirado de
La
solicitud de los militares y de Rodríguez Iturbe
habría sido rechazada, dijo a
Así
lo confirmó el abogado de Ramírez Pérez y Pereira Olivares, Carlos Bastidas,
quien ayer informó que si
Explicó
que el recurso de reposición será utilizado ante la
canciller de Colombia, Carolina Barco, para que la demanda de protección sea
reconsiderada.
Los
militares se encuentran desde diciembre en Colombia y decidieron acogerse a
Ramírez
Pérez aseguró que su permiso para permanecer en Colombia está a punto de
vencerse, y por eso rechazó la decisión negativa de
“Se
aduce, entre otras cosas, que son personas perseguidas por razones políticas
luego de que
Aclaró
que nunca recomendó a sus clientes abandonar el país, pero dijo que los
justifica porque en Venezuela no están dadas las condiciones para llevar a cabo
un proceso judicial imparcial: “Aquí uno ve como la retaliación reina; ahora el
diputado Nicolás Maduro plantea que a algunos imputados o procesados que salgan
elegidos les será allanada la inmunidad parlamentaria, y eso rompe con todo lo
que es la tradición histórica de Venezuela y la política de pacificación”.
Sobre
la solicitud de refugio, el vicepresidente José Vicente Rangel
aseguró que estos militares son “personas totalmente descalificadas” y que su
petición obedece a que “es evidente la derrota de sus posiciones”.
EL UNIVERSAL Caracas,
jueves 22 de septiembre de 2005
Ministerio
Público solicita arrestar a los militares del 11 de abril
El Ministerio Público solicitó este martes medida privativa de libertad contra
los generales Efraín Vásquez Velasco, Pedro Pereira Olivares, el vicealmirante
Héctor Ramírez Pérez y el contralmirante Daniel Comisso
Urdaneta, como paso previo para requerir su orden de
captura a Interpool.
La fiscal 6ta con
competencia nacional, Luisa Ortega Díaz, interpuso dicha solicitud ante el
Tribunal 19 de Control del Area Metropolitana de
Caracas, alegando que los militares disidentes no han comparecido ante la
justicia para ser imputados por su participación en los hechos del 11 de abril
de 2002.
El Ministerio Público
considera que, en este caso, se cumple con los principios contemplados en los
artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) referentes
al peligro de fuga y la magnitud del daño causado durante los hechos de 2002,
según nota de prensa de
La medida busca que el
juzgado emita las órdenes de detención contra los militares retirados, a fin de
que respondan por los cargos.
El pasado 11 de marzo,
Ante esta situación,
Ramírez Pérez es uno de
los ocho oficiales venezolanos que se encuentra en Colombia y que solicitó
estatus de refugiado al Gobierno neogranadin
EL UNIVERSAL Caracas,
viernes 23 de septiembre de 2005
Isaías Rodríguez anunció que en octubre
habrá tres acusaciones por decreto Carmona
Fiscal solicitará extradición de
militares del 11 de abril
MARLA PRATO
La repatriación de los militares presuntamente comprometidos en el
golpe de Estado de abril del año 2002 solicitará el Ministerio Público, luego
que el tribunal 19° de Control de Caracas decidiera sobre la privativa de
libertad que fue solicitada contra los oficiales, anunció ayer el fiscal
general Isaías Rodríguez.
Luego de
permanecer durante tres días en Barquisimeto, Rodríguez decidió ofrecer una
conferencia de prensa al final de la jornada, porque a su juicio sus
declaraciones hubieran podido opacar el evento que sobre el ALBA se
desarrollaba en la ciudad.
Señaló que
los militares que resulten responsables de los hechos que se les imputan en el
caso del golpe de Estado contra el presidente Chávez, deben ser juzgados en el
país.
"Son
cuatro los oficiales sobre los cuales pesa la medida de privación de libertad
acordada, y haremos todas las gestiones necesarias para que estas personas sean
extraditadas".
De igual
manera anunció que para el próximo 24 de octubre se interpondrá la acusación en
contra de las personas que presuntamente fueron los responsables de la
redacción del decreto Carmona, lo cual se desprende del resultado de las
investigaciones realizadas.
"Los
nombres no los podemos dar todavía, pero ya han sido imputados, pueden ser tres
y ustedes pueden presumir de quiénes se trata", respondió.
También se
refirió a la corrupción que se vive en el país y como medida ejemplarizante
anunció la imputación de Julio Viloria y Leyda Betancourt, funcionarios implicados presuntamente en
el caso del FIEM, y de dos otros directivos de Banplus
y de las medidas en contra de la empresa Microestar C.A.
Lara en la
mira
Sobre la violación de derechos humanos denunciados en el estado,
admitió el grave problema que se vive en la región, a la vez que informó que el
Ministerio Público investiga más de 211 casos de violación de derechos
fundamentales, de los cuales 106 funcionarios policiales están siendo
investigados y han sido destituidos de sus cargos, 19 han sido acusados, 61 han
sido imputados, a 11 se les ha dictado medida privativa de libertad, dos fueron
condenados, mientras que 10 de las acusaciones se encuentran en etapa de
juicio.
Explicó que
se reunió con el Comité de Víctimas contra
Igualmente
advirtió sobre el monitoreo mensual que, sobre esta situación, se realizará
desde Caracas en donde una comisión de fiscales especiales se dedicará a corroborar
toda la información.
En cuanto a
las quejas por el retardo procesal que se denuncia en la entidad, tanto por
parte de los reclusos de Uribana como por los
representantes del Comité de Víctimas, Rodríguez rebotó la responsabilidad en
el Ministerio de Interior y Justicia y en el Poder Judicial, siendo a su juicio
el Ministerio Público el menos comprometido con las fallas.
Durante su
intervención, Rodríguez se refirió también a la reestructuración del Poder
Judicial, que a su criterio se realizará "en donde tenga que
hacerse". Aseguró que se han venido realizando ajustes parciales, se ha
manejado desde hace algún tiempo la contraloría social y para atender las
denuncias que se realizan desde todo el país en contra de algunos fiscales, se
nombra un fiscal con competencia nacional para que revise las actas y presente
un informe, si el fiscal cuestionado es encontrado responsable de los hechos
que se le imputan es destituido de inmediato. Sostuvo que esto se ha realizado
en varios estados, entre ellos en el estado Lara, en donde fue removido de su
cargo el fiscal superior de la entidad.