El Nacional - Miércoles 28 de Septiembre de 2005         A/4

 

Política

TSJ ordenó juicio en libertad a presos políticos de Táchira

 

La Sala Penal consideró que ocurrieron retrasos que han impedido que sea examinado el recurso de apelación propuesto por los defensores de los acusados, lo cual acarrea la violación del debido proceso. “Esto demuestra que nosotros nunca estuvimos equivocados”, dijo Saúl Lozano

 

ELEONORA DELGADO

SAN CRISTÓBAL

 

El arresto de los tachirenses en su momento desató protestas en San Cristóbal

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Eladio Aponte Aponte, decidió la medida de juicio en libertad para Danny Ramírez, Orlando Pantaleón y Saúl Lozano, quienes cumplían con una medida privativa de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente y el Hospital Central de San Cristóbal, respectivamente, luego que el juez en funciones de juicio, Gerson Niño, los sentenciara en primera instancia en octubre de 2004, a seis años de cárcel por el delito de rebelión, a causa de los hechos ocurridos en la residencia Oficial de Gobernadores el 12 de abril de 2002.

 

De acuerdo con la información suministrada por el máximo administrador de justicia del país, la reclamación de la sentencia condenatoria fue radicada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida. Asimismo, consideró el TSJ que Ramírez, Pantaleón y Lozano deberán presentarse cada 30 días en la instancia de alzada de la entidad andina y no podrán salir del país.

 

Esta disposición también fue aplicada a Elcy Márquez de Peña, José Neira Celis, Omar Enrique Guerrero Guillén, William Anderson Forero Gómez y Miguel Jacobo Supelano, quienes debían cumplir con el régimen de presentación semanal ante los tribunales de Táchira.

 

La Sala Penal consideró que “en la presente causa se han producido dilaciones que han impendido que sea examinado el recurso de apelación propuesto por los defensores de los acusados y ello acarrea la violación del debido proceso por el incumplimiento de los lapsos procesales”.

 

En tal sentido, invocaron igualmente el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra entre otros puntos lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos... el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos inútiles”.

 

Al ser consultado sobre la decisión, Saúl Lozano, quien permanece recluido desde hace más de año y medio en un centro asistencial del estado, por problemas de salud, expresó su satisfacción por la decisión.

 

“Esto demuestra que nosotros nunca estuvimos equivocados y que la razón siempre nos asistió conforme al derecho y que simplemente había un juicio en el que se estaba viendo la parte política y no la jurídica. El razonamiento político que siempre se llevó en el estado Táchira fue lo que trajo como consecuencia que nosotros duráramos 28 meses en la cárcel, privados de nuestra libertad y alejados de nuestras familias”, dijo el presidente de Fetratáchira.

 

Por su parte, Danny Ramírez dijo que esto era un logro de la lucha del pueblo venezolano que siempre les apoyó.

 

“Todo el sacrificio y las lágrimas derramadas por nuestras familias y el dolor de todos estos meses de prisión se transforma en este momento de felicidad y paz”, expresó al tiempo que seguirá luchando por quienes siguen procesados por eventos políticos.

 

–¿Considera que el análisis que hizo Human Right Watch sobre el sistema judicial en Venezuela influyó en la decisión?

–El Gobierno y el Poder Judicial se encuentran desenmascarados ante el mundo.

 

Nuestro caso lo conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones. Estamos presos por nuestras ideas, se nos ha violentado el Estado de Derecho y el pronunciamiento del señor Vivancos ha ratificado al régimen y al Poder Judicial a apegarse a la ley”.

 

Ramírez, Pantaleón y Lozano serán trasladados hoy a la sede de los tribunales del Táchira para notificarles la decisión.

 

“Decisión que enaltece”

En opinión de Carlos Bastidas, defensor de los llamados presos políticos de Táchira, la decisión de del TSJ “enaltece su figura y hace pensar que cuando se actúa de la manera en la que actuó la Sala Penal, pudiera afirmarse, aún en dimensiones muy pequeñas, que habría respeto por la separación de poderes. El TSJ dictó una decisión que solo se dicta cuando se está en estado de libertad”.

 

Bastidas aclaró que la medida no impide que sus defendidos continúen con sus candidaturas para las elecciones parlamentarias.

 

“La semana pasada advertimos sobre lo que algunos consideraban una maniobra fraudulenta para despojar a estas personas de la posibilidad de ser candidatos al Parlamento”, explicó al recordar las denuncias hechas cuando el TSJ se avocó a conocer el expediente del caso. “Sin embargo, la sala hizo lo que consideramos que en estricto derecho debía proceder, se radicó la causa en un circuito judicial distinto y se ordenó el proceso en libertad, lo que había sido sistemáticamente negado, tanto por los tribunales del estado Táchira como por la propia sala de Casación Penal con los antiguos magistrados”.

 

Los presos, dijo, “evidentemente, sienten que hizo justicia”.

 

Bastidas hizo un llamado al máximo tribunal para que haga lo mismo en el caso de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis.

 

Solicitan rapidez

El representante legal de los presos de Táchira y de los comisarios Vivas y Forero, el abogado José Luis Tamayo, solicitó celeridad procesal a la Sala Constitucional del TSJ, en dos recursos de amparo relacionados con las actuaciones irregulares de la corte de apelaciones de la entidad federal. También presentó una solicitud a la Sala de Casación Penal para que traslade el expediente de los llamados presos políticos a otro circuito penal.

 

Tamayo también compareció ante esta sala para pedir celeridad procesal en dos recursos de amparo presentados el 17 de agosto en contra de la Corte de Apelaciones del estado Aragua por las decisiones que ha tomado en el caso de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero.

 

KAIRINE TORREALBA A.

 

 

EL UNIVERSAL                               Caracas, miércoles 28 de septiembre de 2005

Aponte Aponte aclaró que conservan sus derechos a ser candidatos a diputados
TSJ concedió libertad a los presos del Táchira

Juicio contra Pantaleón, Lozano y Ramírez continuará en Mérida

EDGAR LOPEZ

Los acusados deberán presentarse mensualmente ante los tribunales y no podrán salir del país
(Foto Cortesía Diario de
la Nación)

"Los llamados presos del Táchira ya no estarán presos y conservan todos sus derechos, entre ellos el de postularse como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional".

De esta forma el magistrado Eladio Aponte Aponte resumió el alcance de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se concedió libertad condicional a Orlando Antero Pantaleón Balaguera, Saúl Lozano Contreras y Danny Alejandro Ramírez Contreras, quienes el 2 de noviembre de 2004 fueron condenados a seis años de presidio por el delito de rebelión civil, en relación con el desconocimiento de la autoridad del gobernador de Táchira, Ronald Blanco La Cruz, el 12 de abril de 2002.

El fallo, dictado en ponencia de Aponte Aponte, constituye el resultado del avocamiento de oficio acordado por el máximo tribunal, con el propósito de corregir las irregularidades en el desarrollo del proceso, que en múltiples oportunidades habían sido denunciadas por los presos del Táchira y sus defensores.

En efecto, la Sala Penal determinó que desde el pasado 21 de junio se encontraba paralizado el juicio contra los tres detenidos, así como contra José Neira Celis, Miguel Jacobo Supelano Cárdenas, William Anderson Forero Gómez, Omar Enrique Guillén Guerrero y Elcy Adela Márquez de Peña, quienes fueron condenados a tres años de presidio por rebelión militar, pero en grado de cooperadores simples.

Más específicamente, el máximo tribunal admitió que se han producido dilaciones que han impedido la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria "y ello acarrea la violación del debido proceso", se precisa en la sentencia.

Además, la Sala Penal dispuso que el proceso contra los presos del Táchira proseguirá en el estado Mérida y que, en todo caso, serán juzgados en libertad. Sólo estarán obligados a presentarse una vez al mes ante el tribunal de la causa e impedidos de salir del país.

La intervención de la Sala Penal en el caso de los presos del Táchira se produjo un día después de que se formalizó su postulación como candidatos a diputados de la Asamblea Nacional. El propósito de Orlando Pantaleón, Saúl Lozano y Danny Ramírez era librarse del proceso penal en su contra mediante la obtención de inmunidad parlamentaria.

La referida coincidencia despertó suspicacias entre los abogados defensores, pues temían que el TSJ dictara una sentencia condenatoria definitivamente firme que incluyera como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos de representación popular.

Ayer mismo, Pantaleón y Ramírez salieron de la cárcel de Santa Ana, mientras que Lozano podría trasladarse desde el Hospital Militar de San Cristóbal al centro asistencial de su preferencia para seguir recibiendo el tratamiento médico que requiere.

Carlos Bastidas, uno de los abogados defensores, dijo que el fallo del TSJ reivindica el Estado de Derecho.