Caracas, domingo 18 de junio, 2006  

"La norma obstaculizará actividades de la sociedad civil"



Para el abogado experto en Derecho Internacional, Héctor Faúndez, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional "es absolutamente incompatible con la Constitución y los convenios internacionales en materia de libertad de expresión".

Faúndez explicó que no se opone a que haya una legislación razonable sobre las organizaciones no gubernamentales sino que rechaza que se pretenda obstaculizar las actividades de la sociedad civil o que se pretenda impedir, a través de norma que redacta el Legislativo, el derecho de la participación política.

El especialista cuestionó aquellas disposiciones que obligan a la creación de un registro separado e independiente "no para fines fiscales sino de control político".

"Se debilitará la sociedad civil y erosionarán las bases de la democracia", dijo Faúndez para quien la Ley de Cooperación Internacional condiciona la colaboración que se recibe desde y para el exterior a un plan nacional diseñado por el gobierno de Chávez.

La norma, señala, incluso servirá para blindar al Ejecutivo al momento que tenga que dar explicaciones sobre "colas de viajes" o ayudas a alcaldías sandinistas: "Es importante porque también se regula la cooperación internacional que realiza Venezuela al exterior y allí podrían estar los préstamos de aviones a Evo Morales y ayudas a alcaldías en Nicaragua, así como las acciones para trasladar pacientes enfermos y eso, que puede resultar bonito a primera vista, es una violación de la Ley de Salvaguarda y Presupuesto". A Faúndez le resulta irónico que Venezuela fiscalice la ayuda que se recibe pero nadie controla la que da._SCDCaracas, sábado 01 de julio, 2006

 


Caracas, sábado 01 de julio, 2006  

El padre Luis Ugalde rechazó el proyecto porque pretende que el Estado "controle todo"
Ley de Cooperación "va contra el espíritu de la Constitución"

 

SOLBELLA PEREZ RODRIGUEZ

EL UNIVERSAL

Los principios fundamentales de la Constitución hablan de una República Bolivariana con valores como la solidaridad, la responsabilidad social, la participación y la cooperación. Para el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre Luis Ugalde, el proyecto de Ley de Cooperación es contrario a todos estos principios constitucionales.

El padre jesuita ofreció el discurso inaugural del foro "Encuentro de la sociedad civil" convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela para discutir el rol de las organizaciones no gubernamentales en la democracia y cómo el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional amenazaría la independencia de estos grupos de la sociedad civil.

Ugalde calificó como "absolutamente perjudicial" el proyecto pues "pretende que el Estado controle todo. Va contra el espíritu de la Constitución. En gobiernos totalitarios, por ejemplo en los fascistas, no se podía sacar una hojita escolar sin autorización previa del gobierno de turno. Eso es lo que puede estar en la mente de algunos que tienen como modelo una sociedad como la cubana, donde efectivamente no se puede sacar ni siquiera dos páginas sin un permiso especialísimo y completamente controlado por parte del Gobierno", comentó.

Aunque la sociedad civil organizada trabaja en diversas áreas, son las ONG de derechos humanos las que tienen un rol de vigilancia de la democracia, por lo que el Centro de Derechos Humanos invitó a dos activistas latinoamericanos para que ilustraran la experiencia de sus países. Se trata de Pablo Rojas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH de Perú, y de Felipe Viveros, de la Asociación Chilena de ONG.

Rojas aseguró que en Perú existe un Agencia de Cooperación Internacional que tiene un reglamento que pudiera coartar la independencia de las ONG, pero que sus normas actualmente no se aplican. "De momento estamos relativamente fuertes y esa ley no se aplica. Pero hace dos meses ocurrió un incidente con una ONG que planteó una posición contraria al tratado de libre comercio y tuvo amenazas por parte de esta agencia por primera vez en muchos años. La respuesta que dimos tanto nacional como internacionalmente fue tan fuerte que logramos frenar esto", explicó.

Sobre el proyecto venezolano opinó que existen "peligros tanto para la constitución como para el ejercicio autónomo, independiente y crítico de las organizaciones de la sociedad civil y eso es sumamente preocupante".

Por su parte, Viveros destacó la importancia de la independencia de las ONG como actores encargados de supervisar la actuación de los poderes públicos. "La independencia es esencial. Desconocer la existencia de una sociedad civil autónoma es pensar que no existe ni el individuo ni la organización social como un ente capaz de controlar el poder. El Estado democrático es siempre potencialmente una fuente de abuso de poder".

El especialista en Derecho Internacional y director del Centro de DDHH de la UCV, Héctor Faúndez, ratificó que lo peligroso del proyecto es que busca obstaculizar la solidaridad internacional. "Se persigue controlar los propósitos que estas organizaciones persiguen y la actividad que desarrollan, controlar los recursos que provienen de la solidaridad internacional y cortar el acceso a esas fuentes de financiamiento", indicó.


El Nacional - Sábado 01 de Julio de 2006 A/5

Política

Especialistas expresan preocupación por ley de cooperación internacional

El peruano Pablo Rojas y el chileno Felipe Viveros advierten que el texto jurídico puede conducir a la desaparición de algunas organizaciones civiles, debido al exceso de control estatal.

VANESSA GÓMEZ QUIROZ

“El peligro del autoritarismo, de un control excesivo que le haga la vida imposible a esas organizaciones (civiles) puede terminar ahogando la posibilidad de que esas instituciones puedan evolucionar, puedan existir e incluso que sus integrantes sufran algún tipo de persecución”.


Así lo expresó el representante de la Asociación Chilena de Organizaciones no Gubernamentales, Felipe Viveros, quien estuvo en el foro Encuentro de la Sociedad Civil, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela para discutir el proyecto de ley de cooperación internacional.

El especialista en materia de organizaciones civiles destacó que los representantes de las ONG venezolanas sienten una fuerte amenaza por ese instrumento jurídico.

Añadió que lo que considera más grave es el riesgo de restricciones ilegítimas: “No es una iniciativa que atienda a la necesidad de reconocimiento de parte del Estado a la infinidad de organizaciones de la sociedad civil”.

Viveros indicó que en el caso de Chile existe el proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana, el cual adversan porque, entre otras cosas, limita las donaciones que pueden recibir las ONG.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú, Pablo Rojas, comentó que a pesar de que no había hecho un análisis profundo de la ley de cooperación internacional, le bastó leerla para encontrar “algunas dificultades, trabas y problemas a la acción de las organizaciones no gubernamentales; y si eso se ejerce con severidad podría limitar la participación de la sociedad civil”.

Rojas indicó que en su país existe también un reglamento creado para controlar el funcionamiento de las ONG, pero realmente no se ha utilizado contra las organizaciones civiles.

“No basta con una afirmación de reconocimiento (de las organizaciones no gubernamentales), sino con una afirmación de su rol, del rol que les cabe; hay que reconocerles las atribuciones, las capacidades y los deberes”.


Lamentó que los sistemas democráticos en América Latina no hayan evolucionado lo suficiente como para que exista una ley que reconozca explícitamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil.


En el foro también estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la UCV, Héctor Faúndez, y el rector de la UCAB, Luis Ugalde, quienes —igual que otros representantes de la sociedad civil— alzaron su voz contra la ley de cooperación internacional, por considerarla una forma de intervención del Estado.


Caracas, lunes 03 de julio, 2006  

(08:05 PM) Cejil dice que proyecto de ley de cooperación en Venezuela amenaza ong's

 

Washington.- El proyecto de ley sobre cooperación internacional que debate la Asamblea Nacional de Venezuela amenaza la labor de las Organizaciones No Gubernamentales (ong's) en ese país, denunció hoy una asociación de derechos humanos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expresó en un comunicado difundido en Washington, su ''gran preocupación'' por el proyecto de ley que el parlamento venezolano ya aprobó en primera discusión el pasado 13 de junio.

''Cejil considera que los términos en los que fue aprobado el proyecto de ley en su primera discusión podrían afectar negativamente el funcionamiento y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en general'', dice el comunicado reseñado por Efe.

De este modo, se estaría generando en Venezuela un escenario propicio para obstaculizar, mediante vías legislativas e institucionales, el funcionamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones sociales, según este grupo.

La ley se refiere a la participación social en la cooperación internacional y establece, entre otros puntos, que las ong's deben registrarse ante un órgano estatal para lo cual deben cumplir con los requisitos fijados por la ley.

Esto ha despertado los recelos de Cejil, que considera que el proyecto prevé una injerencia indebida del Estado en los fines y en las actividades de estas organizaciones, que podría afectar a varios de los derechos humanos, entre ellos, el derecho de asociación.

El centro recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó los controles arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos como uno de los problemas más comunes que afrontan estos grupos en la región.

Cejil también señala su profunda preocupación por las expresiones descalificadoras e intimidatorios de algunos congresistas venezolanos a raíz de las críticas manifestadas por representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas al proyecto de ley.

 

 

Caracas, martes 04 de julio, 2006  

Cejil expresa preocupación por el proyecto de Ley de Cooperación



El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expresa "gran preocupación" por el proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional que se discute en la Asamblea Nacional, el cual "puede convertirse en un grave obstáculo para el trabajo de los defensores de derechos humanos", según se señala en un comunicado público.

El pasado 13 de junio la AN aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que establece una regulación al funcionamiento de las ONG locales e internacionales.

Cejil llama la atención del Estado venezolano para que al momento de establecer los requisitos para el registro de las ONG "no se creen obstáculos que impidan o entorpezcan el funcionamiento autónomo de las ONG".

Para Cejil, es motivo de preocupación "la injerencia indebida del Estado en los fines y en las actividades de estas organizaciones, que podría afectar el derecho de asociación entre otros DDHH".

La organización internacional asegura que el Estado venezolano tiene autonomía para regular los términos de cooperación internacional, pero advierte que "también está obligado a ejercer esta facultad preservando la libertad de asociación de las personas".

La ONG critica las expresiones descalificadoras e intimidatorias de algunos diputados de la AN a causa de las protestas de ONG venezolanas ante el proyecto de ley.

Cejil urge al Estado a ajustar el contenido del actual proyecto a los estándares internacionales en materia de DDHH


Caracas, domingo 23 de julio, 2006  

Juan M. Raffalli A. // ONG's bajo control



ES IMPORTANTE ADVERTIR sobre el efecto que tendría sobre las ONG's el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, de aprobarse como está. El mismo pretende regular la cooperación internacional que presta el Gobierno de Venezuela en el exterior, lo cual hoy más que nunca necesario, pero también regula las actividades que realizan en el país, con ayuda de fondos internacionales las ONG's, incluso las constituidas en Venezuela. Seguidamente, en apretada síntesis, destacamos los aspectos relevantes del proyecto para que usted se forme su propia idea al respecto. Luce oportuna esta información pues, a no dudarlo, las ONG's son una pieza fundamental para el ejercicio y defensa de los derechos ciudadanos, empezando por aquellos de rango fundamental como son los derechos humanos.

Se aplicaría a todas las acciones y programas de cooperación internacional que impliquen la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, tecnología, fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación del talento humano y recursos materiales, económicos, financieros; tanto del ámbito público como del privado, desde el exterior hacia Venezuela y viceversa.

Regula la cooperación internacional de Venezuela hacia otros países y define bajo qué parámetros y criterios debe producirse la misma. Se crea un órgano desconcertado para ejecutar las políticas y planes de cooperación internacional desde Venezuela, incluyendo la administración de los recursos. También se crea un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, para financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos y acciones de cooperación técnica y cien tífica.

Se crea un registro obligatorio y público de comunidades organizadas, organizaciones públicas no estatales, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y demás agentes sociales que realicen actividades de cooperación internacional. Salvo la consignación de los estatutos, los requisitos para la inscripción se desconocen, pues serán fijados en un reglamento que debe dictar el Presidente dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la ley.

Además de registrarse, todas las ONG's y demás instituciones que realicen actividades de cooperación internacional que operen en Venezuela, deberán suministrar a las autoridades competentes información sobre su constitución, actividades, origen, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.

Se concede un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley en la Gaceta Oficial para que las ONG's y demás instituciones que realicen actividades de cooperación internacional se ajusten a la misma y a los lineamientos que dicte el Organo Desconcentrado que las fiscalizará.

Es evidente que la creación de un registro obligatorio y el tipo de información que se les exigirá a las ONG's, supondrán vehículos suficientes para lograr un estricto control y fiscalización de las mismas, lo cual limitará su campo de acción e inhibirá en la mayoría de los casos los aportes privados que les permiten subsistir, suponemos que realmente ese puede ser el objetivo clave. La mayoría de las ONG's son aliadas naturales del Estado en la consecución del beneficio colectivo, controlarlas de manera amenazante es simplemente torpe e inaceptable, por ello este proyecto debe ser revisado y moderado con urgencia, pero ello sólo será posible si la sociedad lo exige.

El Carabobeño, 16.07.06, 3/A

ARTICULO DE PRENSA

Viola normativas internacionales al restringir la libertad de asociación

Proyecto de Ley de Cooperación Internacional es inconstitucional


Moisés G. Hernández



El pasado 13 de junio, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) por violar la normativa constitucional y tratados externos suscritos por la República, dado que va en contra de los principios de libre asociación, es decir, un valor fundamental de los derechos humanos.


La Ley tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y en general, de todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación internacional” (Art. 1).

 

La normativa se aplica “a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales humanos, económicos, financieros, desde el exterior de la República Bolivariana de Venezuela y desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el exterior” (Art. 2).


La nueva legislación, que de ser sancionada controlaría las actividades de las asociaciones civiles, sea cual sea su ámbito de acción, contempla la creación de un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, para financiar las actividades que realice la República en el ámbito de la cooperación externa, así como también el Sistema Integrado de Registro de ONG, como parte del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las ONG, tanto nacionales como extranjeras, “que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”. (Art. 17).

Dicha inscripción es “obligatoria y constituye una condición indispensable pata ser reconocidas por el Estado venezolano”. (Art. 18).


Para Gustavo Sosa Izaguirre, abogado constitucionalista y vicepresidente de la Red de Asamblea de Ciudadanos de Venezuela, esta es una “manifestación evidente de secuestro de todas las posibilidades de disidencia de un régimen que cada vez toma más cuerpo de totalitario, hegemónico y con visos dictatoriales”.


El abogado plantea que el texto legal transgrede las disposiciones de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos humanos, pero especialmente los artículos 52 y 53 que establecen el libre derecho de asociarse con fines lícitos.


“Todo esto es parte de una secuencia que va definitivamente dirigida a secuestrar todos los espacios de libertad reservados tradicionalmente al sector privado”, sostiene Sosa Izaguirre, y cita leyes recientemente aprobadas como la que reforma el Código Orgánico Procesal Penal, la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley de Ilícitos Cambiarios. “Esa es la característica de los regímenes comunistoides, para que la gente restrinja la actividad y que la gente se limite por miedo. La Ley de Ilícitos Cambiarios sancionó hasta la tenencia de dólares y reservó al Estado el monopolio de entrega de divisas, para hacer dependiente cada día más del régimen, al sector privado y a la sociedad civil”.

Ley “hipócrita”

Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la directiva de asociación civil Asamblea de Educación, asevera que esta “es una ley sumamente hipócrita, porque de una manera descarada el gobierno apoya a organizaciones civiles que son pro gobierno, y aunque eso no lo critico, creo que también pudiera aportar financiamiento a organizaciones civiles neutrales de larga trayectoria, u organizaciones civiles que critiquen al gobierno”

“Yo diría -continúa Carvajal- que es mucho más importante para los venezolanos una ley que controle el flujo de dinero al exterior. Por ejemplo, una cooperativa quiebra en Uruguay y entonces él (Hugo Chávez) manda al Bandes a que la compre. Eso es mucho más delicado. Yo le digo a Hugo Chávez que si él ha cacareado tanto la masacre que hubo en 1989 a propósito del Caracazo y dice que le duele mucho, no puede ser tan hipócrita, porque Cofavic es una ONG que nació justamente para defender a las víctimas y necesita financiamiento que no se lo da el Estado venezolano por una simple razón, porque le toca actuar en contra del Estado, porque fue el que perpetró esta masacre”.
Además, refiere que cuando era candidato presidencial, entre 1998 y 1999 “recibió un millón y medio de dólares del Banco Bilbao Vizcaya para fines políticos electorales”.

El proyecto “está dentro de la tendencia de copar todos los espacios. El gobierno se llenó la boca con el concepto de democracia participativa, pero trata de asfixiar cualquier tipo de participación que sea crítica, con lo cual revela un espíritu no democrático”.
“No es ningún delito recibir donaciones. Aquí se ha querido hacer ver que Súmate ha incurrido en delito porque ha recibido recursos de una ONG internacional”, manifiesta Sosa Izaguirre.

Inconstitucional
Recientemente, casi un centenar de ONG suscribieron un comunicado difundido a la colectividad de todo el país, en el que manifiestan, entre otras cosas, que lo que se busca es “crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas” sobre la actuación de estas organizaciones.

Si bien no se oponen al control que como personas jurídicas deben cumplir, sus directivos no entienden el motivo, al menos legal, por el que se establece la creación de un registro.

Para poder funcionar legalmente, estas asociaciones cumplen con obligaciones como el registro civil, cumplimiento de los deberes tributarios, como por ejemplo, el IVA, Impuesto sobre la Renta, ordenanzas municipales, reglamentos laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Sobre Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, Ley del Seguro Social Obligatorio. Para conseguir las divisas se rigen por el Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Además, deben cumplir con las obligaciones sanitarias, de bomberos y urbanísticas, contenidas en las diversas ordenanzas municipales.

Por eso, María Teresa “Mate” Gómez, coordinadora de Súmate en Carabobo, afirma que “es falso que exista la necesidad de promulgar un marco normativo que rija las actuaciones de las ONG”, pues ya existen leyes que regulan al sector.

“Es bueno resaltar que las organizaciones no nos estamos poniendo en contra de presentar y rendir cuentas, más bien somos organizaciones que impulsamos y practicamos desde hace muchos años las actividades que puedan mostrar, de manera transparente, lo que hacemos”, acota Deborah Van Berkel, vicepresidenta de Sinergia, red de asociaciones que ayuda a los sectores de bajos recursos.

“Se ponen más trabas, más limitaciones para que el ciudadano pueda asociarse en instancias que le permitan ejercer su derecho a participar y actuar en asuntos de interés público. Justamente entra en contradicción con la Carta Magna”, opina Van Berkel.

“Lo que no se ve claro es la regulación del Estado como cooperante, cuando usa discrecionalmente el dinero de los venezolanos en la cooperación internacional”, refiere Gómez.

A pesar de todo no desaparecerán

Carvajal expone que “la vocación de servicio social no se le puede quitar a la gente, y yo digo que van a tener que trabajar con muchas más dificultades pero no se darán el gusto de cerrarlas tan fácilmente. Habrá que recurrir a la solidaridad de los venezolanos”.Elba de Diamante, coordinadora de la ONG valenciana Mujeres por Venezuela, sostiene que lo más seguro es que esa organización, fundada para defender los valores democráticos, no estará

 avalada por el gobierno. Sin embargo, considera que las asociaciones de la sociedad civil “no deberían desaparecer”, a pesar de que estarán “controladas como los medios, con la limitación de sus acciones”.

Se desconocen tratados internacionales

María Teresa Gómez, coordinadora de Súmate Carabobo, asegura que este texto legal además de violar la Constitución Nacional, contraría los tratados suscritos por Venezuela en el ámbito internacional.

Los acuerdos desacatados son los siguientes: Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos (Art. 16.2), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 22.2), Carta Democrática Interamericana (Art. 6), y las Declaraciones sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, contenidas en la Resolución 53-144 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1998, en sus artículos 12.2, 13 y 17

 

Fuente: http://www.derechos.org.ve/actualidad/leycoop/prensa/ec_16.07.06.htm

 

 

El Nacional - Domingo 16 de Julio de 2006 A/6

Política

ONG alertan a comunidades sobre riesgos de ley de cooperación

Más de 30 organizaciones y algunos de sus beneficiarios se reunieron para conocer y reflexionar sobre las repercusiones del proyecto legislativo. La mayor preocupación es que con ese instrumento se limite la autonomía de su trabajo.

 

ELIZABETH NÚÑEZ RIVERO

Una jornada de reflexión sobre el proyecto de ley de cooperación internacional, convocada por el Foro por la Vida en el Colegio Jesús Obrero de Catia, fue suficiente para que Alejandra de Blanco, cuyo esposo despareció durante la tragedia de Vargas, se preocupara por el futuro de su caso, que ahora ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias al trabajo de Cofavic.


Para Alejandra de Blanco, lo más preocupante es la posibilidad de que con una ley como esa la ONG que la ha ayudado gratuitamente desparezca. “Sería como cerrarme las puertas. A mí no me

 

  ha ayudado la Defensoría del Pueblo; en tribunales siempre está Cofavic”, aseguró, y agregó que no tenía ni idea de los que podría suceder de aprobarse el proyecto de ley de cooperación internacional.


La preocupación que rodea al instrumento es grande y tiende a multiplicarse mientras más organizaciones no gubernamentales y sus beneficiarios conocen lo que se estipula en el documento y sus consecuencias.


La oportunidad de hablar sobre el proyecto, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, fue aprovechada por 33 organizaciones no gubernamentales y más de 170 personas que se reunieron para proponer acciones que se podrían emprender.


En la jornada hubo quien sugirió tocar cada puerta en las comunidades –al estilo de las UBE– en las comunidades humildes para explicar el alcance del proyecto de ley; otros abogaron por buscar apoyo a través de canales diplomáticos, o incluso manifestar públicamente en contra de una normativa que juzgan podría terminar con el trabajo de las ONG.


Para Edgar Carrasco, director de Acción Ciudadana Contra el Sida, la preocupación común entre las ONG es la autonomía: “Las organizaciones que trabajamos en el tema de derechos humanos, de plano, cuestionamos la gestión de entes del Estado, cómo vulneran derechos humanos”. A esto sumó el trabajo con organizaciones internacionales cuestionadas por el Gobierno, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.


“Tener un fondo gubernamental que colecte y administre los recursos es muy complejo, porque la agenda de cooperación venezolana atiende a un proyecto político, así se limitarían los recursos. Además, ¿Quién auditaría un fondo cómo ese?”, reflexionó.


El director del Centro Gumilla, José Virtuoso, destacó la necesidad de que el trabajo en este proyecto –que a su juicio no estimula la participación de los ciudadanos– sea lo más amplio posible.


“Esto no lo puede decidir sólo la Asamblea Nacional, tiene que discutirse con todos los grupos”, señaló, y agregó que en muchos casos –no sólo en Venezuela sino en el resto del mundo– es el financiamiento y la “solidaridad internacional” los que permiten las actividades de las ONG.


Liliana Ortega, directora de Cofavic, advirtió que el proyecto “cercena la posibilidad de que las organizaciones actúen de manera libre y autónoma por la vaguedad que tiene el texto y por los artículos que prevén la posibilidad de auditorias, no sólo financieras”. Agregó que las organizaciones manejan información confidencial sobre sus beneficiarios, por ejemplo, quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.


Para Ortega no sólo estarían afectadas las ONG sino toda la sociedad, pues no se podrá hacer seguimiento con libertad a las políticas públicas del Estado. Indicó que más de 90% del trabajo de las organizaciones de derechos humanos depende de la cooperación internacional, “que tiene que ser lícita y para eso existe en Venezuela suficiente legislación”.


 

El Universal

Caracas, jueves 27 de julio, 2006

Transparencia internacional teme consecuencias de Ley de Cooperación



Transparencia Internacional(TI) considera que el aspecto "más alarmante" del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, es la creación de un fondo para la cooperación y asistencia internacional, con el cual se corre el peligro de que el Estado administre las donaciones que reciban las ONG de los cooperantes internacionales.

La organización advierte que el proyecto podría "incrementar injustificadamente el número de regulaciones existentes para el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que realizan actividades en Venezuela".

A través de una nota de prensa, la organización dedicada a promover la rendición de cuentas y la prevención de la malversación de fondos públicos alerta sobre las consecuencias de la ley: "En caso de que el proyecto de Ley siga su curso, la sociedad civil estaría sometida a amplias restricciones y la normativa le permitiría al Estado interferir en objetivos, actividades y fuentes de financiación de las ONG".

Invita a la Asamblea Nacional a adecuar el proyecto a los estándares internacionales. "El proyecto debe ser redactado con mayor precisión, para hacerlo transparente y evitar la incertidumbre a la que se someterían las organizaciones", expresa Mercedes de Freitas, directora del capítulo venezolano de esta ONG.

Además de perjudicar la independencia y autonomía de las organizaciones, TI asegura que el proyecto afectaría a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.