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¿Está el Poder Legislativo controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Judicial controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Electoral controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el nuevo Poder Ciudadano (La Fiscalía Gral. de la República, La Contraloría Gral. de la República y La Defensoría del Pueblo) controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Están parcializados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

¿Se viola la carrera judicial?

¿Los principios constitucionales se aplican en los tribunales venezolanos?

¿Está el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del Gobierno?

¿Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo imparcial?

¿Responde el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los intereses de la Sociedad Civil?

¿Actúa el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la legalidad?

¿Es el proceso de votación automatizado un proceso confiable?

¿Contiene el Registro Electoral (RE) información precisa y veraz?

¿Son los medios de comunicación realmente independientes?

¿Limita el Código Penal la libertad la de expresión?

¿Son los periodistas perseguidos, amedrentados u hostigados por sus reportes noticiosos?

¿Se violan los derechos humanos en Venezuela?

¿Existe discriminación política en Venezuela?

¿Han sido respetados los derechos humanos de las víctimas de abril de 2002 e investigado a sus responsables?

¿Están presos y perseguidos los defensores de la democracia en Venezuela?

¿Se respeta la privacidad y la propiedad privada?

¿Se respeta la libertad de educación?

¿Hay presos y perseguidos políticos en Venezuela?

¿Gobierna el Ejecutivo bajo un estilo militar?

¿Está debilitado el sistema de partidos políticos en Venezuela?

¿Se respetan las organizaciones sindicales tradicionales?

¿Se le permite a la sociedad civil ejercer las funciones que le confiere la Constitución?

 
Respeto al estado de derecho
¿ESTÁN PARCIALIZADOS LOS NUEVOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA?
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Sumario

  • Designados 17 nuevos Magistrados luego de aprobarse la Ley Orgánica del TSJ con mayoría simple en lugar de mayoría calificada (2/3) de la AN.
  • Ampliación de número de Magistrados logra mayoría favorable al Gobierno en todas las Salas del TSJ.
  • Conocida y amplia parcialización de nuevos Magistrados.
  • Magistrado Velásquez Alvaray declaró que no dimitiría a su compromiso con el proceso que lidera el Presidente y que impulsaría una “justicia revolucionaria”.
  • Aprobación de la modificación a la Ley orgánica del TSJ vulnera el principio de autonomía e imparcialidad del Poder Judicial.
  • Human Rights Watch  y la Comisión Andina de Juristas critican severamente la modificación a la Ley Orgánica del TSJ y su resultante aumento de Magistrados.
  • Presidente del TSJ amenaza con sacar a jueces golpistas del TSJ y sugiere revertir sentencia que absolvió a los oficiales de abril de 2002.
  • Presidente del TSJ declara abiertamente sus simpatías por el proceso político que lidera el Presidente Chávez.
  • TSJ rechaza y considera inadmisibles acciones en contra del Presidente y de la administración pública.

1. Una vez aprobada la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la mayoría simple de la Asamblea Nacional (83 de 165 diputados), ésta procedió a designar, en diciembre de 2004, 17 nuevos magistrados para el TSJ. De los 17 nombramientos, 12 eran para cubrir la ampliación de magistrados de 20 a 32 y los 5 restantes fueron para reemplazar a magistrados quienes se acogieron a la jubilación luego de verse presionados por el Gobierno para retirarse del TSJ.


2. Se designaron 17 principales y 32 suplentes alterando así el número y composición del máximo Tribunal y lográndose una mayoría favorable al Gobierno en todas las Salas del mismo Tribunal. Según el presidente de la Comisión de Postulaciones de la Asamblea Nacional —el diputado y militar retirado Pedro Carreño— el gobierno de Chávez Frías no abriría espacio alguno para la oposición en el seno del TSJ, “No nos vamos a meter un autogol”, expresó anunciando la línea dura que se impondría: Los electos “son magistrados cuya filiación revolucionaria está más que garantizada”.


3. Entre los nombrados más destacados por su parcialización hacia el Gobierno están: Luis Velásquez Alvaray y Luis Franceschi, diputados de la bancada de gobierno en la Asamblea Nacional; Francisco Carrasquero, hasta entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral, el militar retirado Eladio Aponte Aponte, ex Fiscal General Militar y Deyanira Nieves, jueza superior del circuito de Caracas quien ya habría decidido a favor del gobierno en casos como el de Carlos Melo (líder de la oposición encarcelado durante los sucesos de marzo de 2004), el de los atentados a las embajadas y el de los soldados disidentes asesinados.


4. En el acto de juramentación de los nuevos Magistrados el 14 de diciembre de 2004, el Magistrado Luis Velásquez Alvaray, ex Diputado de la Asamblea Nacional y co-redactor de la ley que rige el máximo juzgado, así como de la reforma del cuestionado Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional en enero de 2005, dijo que aunque formalmente renunciaba a su militancia en el Movimiento Quinta República, jamás podría dimitir a su compromiso con el proceso de cambios que lidera el Presidente Chávez y que desde el TSJ impulsaría una “justicia revolucionaria”. Su nombramiento, en opinión de algunos juristas, estaría violando la Constitución, que establece que: “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores públicos o defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas. Los jueces y juezas no podrán asociarse entre sí” (Artículo 256).


5. La aprobación de la modificación a la Ley del TSJ y la designación de los magistrados generó múltiples protestas a nivel nacional por parte de connotados juristas profesores universitarios y de los parlamentarios de oposición que abandonaron la sesión alegando que se vulneraba el principio de imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.


6. La organización en pro de la defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), aseveró el 14 de diciembre de 2004 que con esta Ley, la Asamblea Nacional asestó un severo golpe a la justicia independiente y autónoma. Ese criterio lo ratificó su Director, José Miguel Vivanco en la ciudad de caracas el día 26 de septiembre, agregando que se debería invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El Presidente del TSJ, Omar Mora Díaz, respondió a estas declaraciones de Vivanco calificándolas de maniobra “imperialista” y arremetiendo contra la forma en que se administra justicia en los Estados Unidos. Una preocupación similar por la independencia y actuación del poder judicial ha sido expresada recientemente por la Comisión Andina de Juristas.


7. Omar Mora Díaz es el nuevo Presidente del TSJ a partir del 4 de febrero de 2005 y en su primer contacto con la prensa, ofreció sacar a los jueces golpistas del Tribunal: “No puede ser que un juez, en nombre del principio de soberanía popular, se convierta en un golpista. No puede ser. A ese juez hay que removerlo a como dé lugar…No puede ser que el juez que vió por televisión a un señor –Pedro Carmona Estanga– dando un golpe de Estado, mañana lo suelte bajo el artifucio (sic) de que aquí hubo un vacío de poder. Ese señor no debe ser juez” (El Universal 3 de febrero de 2005). Expresó igualmente que la sentencia de la Sala Plena que absolvió a los oficiales quienes participaron en los hechos de abril del año 2002, (Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Ramón Pereira Olivares y Daniel Comisso Urdaneta), debería ser revertida; sin embargo, advirtió que ello debe ser resuelto de manera autónoma por la Sala Constitucional.


8. Omar Mora, Presidente del TSJ, ha declarado abiertamente sus simpatías por el proceso político que vive el país: "Sí, yo si soy un revolucionario... cada revolución debe ser original…Uno de los errores del pasado, de quienes luchamos por transformar revolucionariamente la sociedad, fue la tendencia a copiar mecánicamente modelos extranjeros. En un momento dado, quisimos copiar la revolución bolchevique y fracasamos; después quisimos copiar la revolución china y fracasamos; luego la revolución cubana influyó poderosamente en la generación de los años 60 y quisimos aplicar mecánicamente esa experiencia y también fracasamos. La virtud de este proceso de transformación revolucionaria que vive Venezuela es que es una experiencia original… En los años 66 y 67, yo estuve preso cuatro veces en la Digepol y tres veces en la PM…Estuve hasta en Cachipo, un campamento antiguerrillero que estaba en Oriente. Yo militaba en la Juventud Comunista, en la clandestinidad. La vez que estuve preso seis meses fue cuando me imputaron por haber colaborado con la guerrilla, con el frente guerrillero que estaba en Falcón… Yo comencé a los 13 años de edad y milité hasta que se dividió el Partido Comunista. Me fui al PRV, porque yo era de la línea dura, pero, como ese movimiento fue infiltrado por los organismos de inteligencia se desmoronó. De ahí en adelante mantuve una posición independiente de izquierda, hasta hoy.”. (El Nacional 3 febrero 2005 Página A-5).


9. La Sala Penal Administrativa (SPA) del TSJ es la encargada del control jurisdiccional de los actos de la administración pública. En los últimos años, dicha sala no ha dictado ninguna decisión cautelar en protección de los administrados accionantes contra la administración pública. Lo anterior constituye una demostración de la actuación parcializada del Tribunal a favor del Gobierno. Por otra parte, todas las acciones intentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Presidente de la República han sido desestimadas o rechazadas y en la mayoría de los casos sin aceptar siquiera que se abra el procedimiento correspondiente.