Sumario
- Herramientas de presión hacia televisoras privadas minimizan y suprimen espacios de opinión contrarios a la gestión de Gobierno del Presidente Chávez.
- Procedimientos sancionatorios y fiscales buscan imponer multas mil-millonarias para inhabilitar canales de TV que emitan opiniones disidentes del Gobierno.
- Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV (Ley Resorte) incrementa control del Estado sobre las transmisiones de radio y TV.
- Directorio de Responsabilidad Social creado para hacer cumplir la Ley Resorte funcionará en la práctica como “censor de medios”.
- 7 de 11 miembros del Directorio de Responsabilidad Social designados por el Gobierno y su Presidente es funcionario designado por el Presidente Chávez.
- Human Rights Watch opina que “imponer camisas de fuerza a los medios no es la forma de promocionar la democracia”.
- SIP considera que Ley Resorte permite la intromisión estatal en el contenido de los medios y exhortó al Gobierno a derogarla.
- Reporteros sin Fronteras preocupados por aprobación de Ley Resorte.
- Comisión Interamericana de DDHH expresó que los vagos términos en la Ley Resorte pueden causar efecto amedrentador y limitar flujo de información.
- AIR emite comunicado repudiando las acciones ejercidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones contra emisoras de radio y televisión.
-
Director de Radio Caracas Televisión (RCTV),
Marcel Granier introduce ante el TSJ una demanda de nulidad contra la
Ley de Contenido.
- Aumento del espacio televisivo y de medios impresos ocupado por el gobierno.
- Gobierno reforma la Ley
de Contenido para introducir elementos de control a la televisión por
suscripción o televisión por cable.
- El gobierno ataca a los medios de comunicación
privados y a su vez se convierte en el principal comunicador mediático
del país.
1.Desde su arribo al poder, el Presidente Chávez Frías ha fijado su atención en los medios privados al considerarlos sus principales enemigos. Califica como los 4 jinetes del Apocalipsis a las cuatro principales televisoras privadas por difundir opiniones de crítica a sus políticas de gobierno. A través del uso de medios indirectos para restringir la libertad de expresión (herramientas de presión hacia las televisoras privadas p. ej. ) el gobierno ha logrado hasta cierto punto minimizar y suprimir espacios de opinión de la televisión que difunden opiniones contrarias y críticas de la gestión del Presidente Chávez. Venevisión por ejemplo, uno de los principales canales televisivos, ha suprimido sus espacios de opinión y sus noticieros durante el día; Televen ha suprimido los espacios de opinión de algunos controversiales periodistas como Martha Colomina y Cesar Miguel Rondón. Lo mismo han hecho algunas emisoras de radio.
2. Durante los últimos dos años, los entes reguladores de la actividad de los prestadores de servicios de radio y televisión han iniciado numerosos procedimientos sancionatorios y fiscales ligados a temas políticos, los cuales buscan imponer multas mil-millonarias de tal magnitud que podrían inhabilitar operativamente a cualquier canal de televisión. Estos procedimientos han sido catalogados como medidas de presión por parte del gobierno para que los canales de televisión eviten emitir opiniones disidentes del gobierno.
3. El pasado 7 de diciembre de 2004 fue sancionada por la Asamblea Nacional la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) La nueva Ley incrementa el control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión y crea disposiciones que violan los estándares internacionales (contenidas en los artículos 6 y 7). Estas disposiciones imponen limitaciones a la difusión de imágenes y sonidos basadas en conceptos tan ambiguos que no permiten al comunicador y al usuario saber con certeza los límites de cumplimiento de la Ley pues éstos están sujetos a la interpretación subjetiva del ente regulador.
4. Se creó un Directorio de Responsabilidad Social compuesto por 11 personas cuya función principal es la aplicación de la Ley y la imposición de sanciones a los infractores. Entre las sanciones están: obligar a la cesión de espacios para la difusión de mensajes culturales y educativos, multas, suspensión y revocatoria de la habilitación administrativa que permite operar a las empresas y revocatoria de las concesiones. En la práctica, este nuevo Directorio desempeñará funciones de “censor de medios”.
5. De los 11 miembros, 7 fueron designados por el gobierno en representación de organismos gubernamentales y ninguno representa a los prestadores de servicios de radio y televisión. Lo anterior deja a los regulados en una posición de defensa seriamente debilitada al momento de tomar decisiones sobre la procedencia o no de alguna sanción. El presidente de la Dirección es el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), cargo de libre nombramiento y remoción y designado por el Presidente de la República.
6. Diversas organizaciones internacionales han expresado su criterio y preocupación con relación a esta Ley. Human Rights Watch a través de su representante para las Américas, José Miguel Vivanco, cuestionó tajantemente la Ley diciendo que “imponer camisas de fuerza a los medios no es la forma correcta de promocionar la democracia".
7. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que la Ley crea un sistema de control sobre las informaciones de los medios radioeléctricos que permite la intromisión estatal en los contenidos de los medios. Ante esta situación exhortó al gobierno de Venezuela a derogar la Ley por considerar que es incongruente con los principios básicos de libertad de expresión y de prensa.
8. La organización internacional “Reporteros sin Frontera” dijo a través de un comunicado: “Nos sentimos extremadamente preocupados por la aprobación de una ley cuyo margen de interpretación es muy amplio y que podría instrumentalizarse contra los medios de comunicación que no comparten los puntos de vista del gobierno.”
9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que: “La utilización de términos vagos [en la Ley], sumado a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, pueden causar un efecto amedrentador sobre los medios de comunicación y los periodistas, limitando el flujo de información sobre cuestiones de interés público”.
10. En conclusión, con la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el Gobierno establece una serie de controles en los horarios y contenidos de las programaciones que, a juicio de los expertos, le pone una dura camisa de fuerza a la libertad de expresión. De allí que el director general de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad contra la Ley de Contenido por considerarla inconstitucional y violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos.
11. La respuesta del Gobierno a todas las criticas y solicitudes en contra de la Ley de Contenidos o Ley Resorte es la de reformarla pero para introducir elementos de control a la televisión por suscripción o televisión por cable, aspecto que no esta claramente regulada en la versión vigente.
12. La Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) ha emitido un comunicado repudiando las acciones ejercidas por CONATEL contra estaciones de radio y tv .
13. Uno de los casos más notorios de acoso a los medios por parte del estado venezolano es el caso del diario El Universal. El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, acusó al diario El Universal de vilipendio e injuria por su editorial del 25 de julio de 2005 en el cual hacía algunas criticas a la forma en que se imparte justicia en Venezuela. Este hecho recibió el repudio de la comunidad nacional, incluidos algunos partidarios del Gobierno y de la comunidad internacional . El Fiscal General criticó algunas de estas posiciones, especialmente la de la Sociedad Interamericana de Prensa. Finalmente la Fiscalía retiró algunas de las acusaciones.
14. Mientras el Gobierno ataca y acosa duramente a los medios de comunicación privados, un aspecto que comienza a preocupar es el creciente espacio radiotelevisivo y de medios impresos ocupado por el propio Gobierno. En un reciente artículo publicado en la prensa nacional en agosto de 2005, un especialista en estos temas reveló que "en tres años el gobierno ha pasado a ser el primer comunicador mediático del país, a través del parque propio, parque estatal y de los 85.000 minutos que se ha gastado hasta ahora Chávez en cadenas y Aló Presidente".
