El sistema
electoral venezolano calificado como “el mejor sistema del mundo” por el
mismo administrador electoral, por partidos políticos adeptos al
oficialismo y por algunos organismos internacionales; quedó una vez más
“maltrecho” luego de las recientes Elecciones Presidenciales del 14-A.
Además, es
oportuno reconocer que un importante sector de la sociedad que votó en
las elecciones del 14A, acudió a estos comicios a pesar de no creer en
la imparcialidad, transparencia y confiabilidad de los rectores del CNE
y sabiendo que éstos no iban a ser justos y libres. La razón de ello es
porque confía en el sufragio como mecanismo para fortalecer la
democracia y dirimir las diferencias existentes.
Como tabla de
salvación para ganar credibilidad y confianza en el sistema electoral,
el CNE ha recurrido a las denominadas “auditorías” en cada proceso de
votación; sin embargo, las mismas se reducen a revisiones controladas,
con restricciones técnicas en muchos casos, de los materiales de
votación.
De ello se
aferra el órgano comicial para seguir proclamando a los cuatro vientos
que nuestro sistema es el mejor del orbe. Una de estas auditorías es la
Verificación Ciudadana. Y como si fuera una concesión permite abrir el
54% de las urnas o cajas de resguardo de los comprobantes de votación al
final del escrutinio, considerando que con ello es suficiente para que
la gente crea que la elección fue justa, libre y transparente. Cuando se
ha declarado la finalización del proceso electoral, es el momento de
realizar esta auditoría. En todo caso este proceso debe ser
transparente, justo y en condiciones de libertad para que todas las
partes puedan dilucidar cualquier duda o se corrija cualquier tipo de
vicio que pueda tener impacto sobre los resultados finales. Luego del
cuestionamiento de los resultados del 14-A, el CNE aceptó la solicitud
del Comando Simón Bolívar de la “auditoría“ sobre el otro 46% de las
urnas restantes. La petición de la parte que cuestiona los resultados
electorales es que la auditoría fuera más allá de contar papeletas y
verificarlas contra el acta. Sin embargo, el CNE se niega a suministrar
la información que el Comando Simón Bolívar solicita, alegando cuanto
subterfugio se le ocurra y tergiversando la propia Ley, con lo cual no
solamente viola las condiciones generales de los procesos de auditoría,
sino que contribuye a que las “dudas razonables” con que terminó
el proceso de votación transmuten en certezas o presunciones de que
“algo huele mal” y que algo muy grave están escondiendo. Además, con
ello está contraviniendo hasta la solicitud de UNASUR de realizar una
auditoría, que fue la condición impuesta para asistir a la investidura
del ciudadano Nicolás Maduro. Para que este proceso de verificación
parcial que realiza el CNE sea una verdadera AUDITORÍA, en mayúsculas y
con todas la de la ley, se requiere que cumpla con algunas condiciones
“sine qua non”:
1. La
auditoría debe realizarse a solicitud de una parte interesada, con la
participación de las organizaciones políticas y algunos organismos
internacionales, y llevada a cabo por terceras personas técnicamente
capacitadas. Sin embargo, el CNE ha pretendido ser juez y parte,
auto-evaluándose. Eso ya es un punto en contra del resultado de este
proceso de verificación, que puede servir para efectos internos del CNE
pero que no tiene validez alguna ante terceros, aunque traten de
venderlo políticamente de esa manera.
2. El proceso
debe estar precedido por un protocolo de auditorías propuesto por el
ente auditor, que debe ser aceptado por el ente auditado, CNE, o por el
responsable del proceso, mientras el auditor lo lleva a cabo tal como
fue propuesto.
3. El ente
auditado, CNE, debe suministrar de manera inmediata y oportuna, sin
ocultamiento de ninguna índole, la información tanto física como digital
que el auditor solicite. Cualquier intervención de parte del auditado
con el fin de negar u ocultar información invalida el proceso de
auditoría.
4. Todo
dictamen generado por el ente auditor, que sea irrebatible y fundado en
hechos que lo demuestran, es vinculante. Lo que quiere decir que
cualquier recomendación en pro de la transparencia del proceso debe
obedecerse inmediatamente, como también que cada irregularidad grave que
se encuentre y afecte al desempeño normal del proceso debe sancionarse.
Por ser el proceso electoral un acto administrativo, cualquier
irregularidad grave encontrada en la auditoría genera a su vez
responsabilidades en lo administrativo y penal sobre la(s) persona(s)
involucrada (s) en los fallos puntuales encontrados. Esta negación de
las autoridades del CNE a realizar una verdadera auditoría del proceso
de votación ha servido para distanciar más a las dos mitades en que está
dividida políticamente el país, pudiendo inclusive dilatar la
posibilidad de consenso y encuentro. Lamentablemente es fácil perder la
credibilidad y con ella la fe en el sistema electoral.