Mayo 2013
Nº 65, AÑO 9

 
   

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 EDITORIAL

 

LA  CREDIBILIDAD PARA EL CNE DEBE SER SU OBJETIVO

 

 
 

El sistema electoral venezolano calificado como “el mejor sistema del mundo” por el mismo administrador electoral, por partidos políticos adeptos al oficialismo y por algunos organismos internacionales; quedó una vez más “maltrecho” luego de las recientes Elecciones Presidenciales del 14-A.

 

Además, es oportuno reconocer que un importante sector de la sociedad que votó en las elecciones del 14A, acudió a estos comicios a pesar de no creer en la imparcialidad, transparencia y confiabilidad de los rectores del CNE y sabiendo que éstos no iban a ser justos y libres. La razón de ello es porque confía en el sufragio como mecanismo para fortalecer la democracia y dirimir las diferencias existentes.

 

Como tabla de salvación para ganar credibilidad y confianza en el sistema electoral, el CNE ha recurrido a las denominadas “auditorías” en cada proceso de votación; sin embargo, las mismas se reducen a revisiones controladas, con restricciones técnicas en muchos casos, de los materiales de votación.

 

De ello se aferra el órgano comicial para seguir proclamando a los cuatro vientos que nuestro sistema es el mejor del orbe. Una de estas auditorías es la Verificación Ciudadana. Y como si fuera una concesión permite abrir el 54% de las urnas o cajas de resguardo de los comprobantes de votación al final del escrutinio, considerando que con ello es suficiente para que la gente crea que la elección fue justa, libre y transparente. Cuando se ha declarado la finalización del proceso electoral, es el momento de realizar esta auditoría. En todo caso este proceso debe ser transparente, justo y en condiciones de libertad para que todas las partes puedan dilucidar cualquier duda o se corrija cualquier tipo de vicio que pueda tener impacto sobre los resultados finales. Luego del cuestionamiento de los resultados del 14-A, el CNE aceptó la solicitud del Comando Simón Bolívar de la “auditoría“ sobre el otro 46% de las urnas restantes. La petición de la parte que cuestiona los resultados electorales es que la auditoría fuera más allá de contar papeletas y verificarlas contra el acta. Sin embargo, el CNE se niega a suministrar la información que el Comando Simón Bolívar solicita, alegando cuanto subterfugio se le ocurra y tergiversando la propia Ley, con lo cual no solamente viola las condiciones generales de los procesos de auditoría, sino que contribuye a que las “dudas razonables” con  que terminó el proceso de votación transmuten en certezas o presunciones de que “algo huele mal” y que algo muy grave están escondiendo. Además, con ello está contraviniendo hasta la solicitud de UNASUR de realizar una auditoría, que fue la condición impuesta para asistir a la investidura del ciudadano Nicolás Maduro. Para que este proceso de verificación parcial que realiza el CNE sea una verdadera AUDITORÍA, en mayúsculas y con todas la de la ley, se requiere que cumpla con algunas condiciones “sine qua non”:

 

1. La auditoría debe realizarse a solicitud de una parte interesada, con la participación de las organizaciones políticas y algunos organismos internacionales, y llevada a cabo por terceras personas técnicamente capacitadas. Sin embargo, el CNE ha pretendido ser juez y parte, auto-evaluándose. Eso ya es un punto en contra del resultado de este proceso de verificación, que puede servir para efectos internos del CNE pero que no tiene validez alguna ante terceros, aunque traten de venderlo políticamente de esa manera.

 

2. El proceso debe estar precedido por un protocolo de auditorías propuesto por el ente auditor, que debe ser aceptado por el ente auditado, CNE, o por el responsable del proceso, mientras el auditor lo lleva a cabo tal como fue propuesto.

 

3. El ente auditado, CNE, debe suministrar de manera inmediata y oportuna, sin ocultamiento de ninguna índole, la información tanto física como digital que el auditor solicite. Cualquier intervención de parte del auditado con el fin de negar u ocultar información invalida el proceso de auditoría.

 

4. Todo dictamen generado por el ente auditor, que sea irrebatible y fundado en hechos que lo demuestran, es vinculante. Lo que quiere decir que cualquier recomendación en pro de la transparencia del proceso debe obedecerse inmediatamente, como también que cada irregularidad grave que se encuentre y afecte al desempeño normal del proceso debe sancionarse. Por ser el proceso electoral un acto administrativo, cualquier irregularidad grave encontrada en la auditoría genera a su vez responsabilidades en lo administrativo y penal sobre la(s) persona(s) involucrada (s) en los fallos puntuales encontrados. Esta negación de las autoridades del CNE a realizar una verdadera auditoría del proceso de votación ha servido para distanciar más a las dos mitades en que está dividida políticamente el país, pudiendo inclusive dilatar la posibilidad de consenso y encuentro. Lamentablemente es fácil perder la credibilidad y con ella la fe en el sistema electoral.

 

 

Monitor Electoral: una publicación de Súmate
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