La Constitución establece la forma de selección y nombramiento de los titulares de cada uno de los 5 poderes de nuestra República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, y Ciudadano -Ministerio Público, Contraloría y Defensoría del Pueblo), el tiempo de su permanencia en estos cargos y la forma de sustitución, ya sea por falta absoluta o por remoción; como también sus atribuciones y funciones. Por disposición constitucional le corresponde a la Asamblea Nacional, la selección y designación de los titulares de los Poderes Electoral, Judicial y Ciudadano entre los más idóneos ciudadanos de la República, destacando la exigencia común para todos ellos de que no tengan vinculación con organizaciones políticas. 

La AN debe cumplir con los procedimientos establecidos en el propio texto constitucional y leyes que rigen el funcionamiento de cada uno de estos poderes.  Sin embargo, a la fecha está en mora con la selección de 3 de los 5 Rectores del CNE, desde el pasado 28 de abril de 2013; del Contralor de la República, por muerte de su titular en junio de 2011; y de 10 Magistrados del TSJ, 8 de ellos por cargos vencidos desde diciembre 2012 y uno por fallecimiento en octubre de ese año. 

Desde el pasado 28 de abril está vencido el período de 7 años en el cargo de los rectores Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, como de sus 6 suplentes, representantes de la Sociedad Civil en la conducción del Poder Electoral. Ellos fueron juramentados por la AN el 28 de abril de 2006. (Artículos 296 de la CRBV y 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE).

La AN debió haber conformado y juramentado el pasado mes de febrero al Comité de Postulaciones Electorales (CPE). Esta instancia es la encargada de abrir el período de convocatoria para postulaciones de candidatos, así como para la verificación y evaluación de las credenciales de los mismos, con el fin de presentar a la AN una lista de elegibles con por lo menos el triple de los cargos a designar entre principales y suplentes. La razón de ello es que se requieren aproximadamente 3 meses, para el proceso de selección de los candidatos a sustituir a estos 3 rectores, de acuerdo a los lapsos establecidos por la Constitución y la LOPE. La AN ya tiene 5 meses de retraso en el cumplimiento de este deber constitucional.

Esta omisión de la AN es deliberada lo cual quedó en evidencia en la sesión de la plenaria del pasado martes 18 de junio cuando la mayoría circunstancial, conformada por la fracción parlamentaria del PSUV, se negó a aprobar la solicitud de la bancada de la MUD para que el parlamento asumiera su deber constitucional de nombrar a los nuevos 3 Rectores del CNE, a los 10 Magistrados del TSJ y al Contralor de la República.

Ante esta realidad, se hace imperativo y urgente que la ciudadanía se organice y se active para exigir a la AN el cabal cumplimiento del procedimiento establecido en la Constitución y en la LOPE, con el fin de que el Poder Electoral se renueve con 3 rectores realmente independientes.

Además, será fundamental hacerle contraloría ciudadana al CPE para que esta instancia seleccione como candidatos a rectores del CNE a personas realmente independientes, con altos niveles de profesionalismo, sin militancia partidista y con la idoneidad necesaria para esta responsabilidad; y luego a la propia AN para que escoja a los 3 rectores, con sus respectivos 6 suplentes, entre los que tengan las mejores credenciales y cumplan con las condiciones establecidas por la Constitución y la LOPE.

La Sociedad Civil debe evitar lo ocurrido en el año 2009, cuando fueron juramentadas por la AN como rectores del CNE Socorro Elizabeth Hernández de Hernández y Tania D’Amelio Cardiet, en representación del Poder Ciudadano y de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales; a pesar de saber que estas 2 ciudadanas eran militantes activas del PSUV para el período de postulaciones.

De esa irregularidad fueron responsable los 11 diputados de la AN y los 10 miembros de la sociedad civil en el CPE, quienes aceptaron la renuncia a la militancia política partidista de Hernández y D´Amelio como un descargo para exonerarlas de su vinculación histórica con una determinada organización con fines políticos.