urante
los últimos meses hemos asistido a un contexto político donde la
sociedad demanda la
reestructuración de las instituciones, el respeto a la Constitución y la
renovación de las garantías democráticas elementales; todo esto como
piso fundamental para la construcción de procesos de diálogo que
permitan la comunión de los diversos sectores del país en la común tarea
de superar las dificultades por las que transita la república.
La actual situación de las instituciones democráticas así como la falta
de independencia de los Poderes Públicos, han sido el resultado de tres
lustros de maniobras políticas consecutivas orientadas por una visión
totalizante del poder que se han materializado a través de la aplicación
parcializada de la Constitución para dar apariencia de legalidad, la
represión de toda oposición e ideas contrapuestas y una estrategia
electoral
que se
ha caracterizado por: el ventajismo exacerbado; la condensación de
imágenes por representación simbólica; la mitificación del líder,
desarrollando una campaña que se fija en la grandilocuencia del
liderazgo, la minimización del adversario y no en el debate de ideas; la
hipersimbolización del sistema ideológico, lo cual resume el sistema
ideológico a emblemas irrenunciables (la Patria, el Libertador, etc.);
la aplicación de la comunicación como verdad suprema; y la ocultación de
la realidad política, orientada a resaltar lo accesorio y ocultar lo
esencial.
Desde
Súmate hemos denunciado desde hace más de una década la transfiguración
de los Poderes Públicos y su absoluta dependencia del Poder Ejecutivo.
Ya en 1999 la Asamblea Nacional Constituyente a través del decreto de
“Régimen de Transición del Poder Público”, nombró a los nuevos
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Rectores del
Consejo Nacional Electoral (CNE), violando lo establecido en el recién
estrenado texto constitucional y comenzando a aplicar ese tipo de
prácticas al margen de la ley. Ese TSJ nombrado discrecionalmente,
suspende las Mega Elecciones del año 2000 y ocasiona la renuncia de los
primeros Rectores del CNE, dando paso a que la
Comisión Legislativa Nacional (una instancia de la aún plenipotenciaria
Asamblea Nacional Constituyente) organizara la conformación de un nuevo
directorio del CNE. Este segundo directorio del CNE nunca fue ratificado
por el nuevo parlamento nacional, electo en Julio de 2000, ni sustituido
por la dificultad de lograr un acuerdo político que alineara a las dos
terceras partes (2/3) de la AN, ante la pretensión de la bancada
oficialista de conformar un directorio parcializado políticamente. En
2003, tras la renuncia de varios rectores del CNE y la suspensión de un
Referendo Consultivo por parte del TSJ, el máximo tribunal sentenció una
“omisión legislativa” y procedió a nombrar un tercer directorio del CNE,
extralimitándose en sus funciones y violando lo dispuesto en la
Constitución en cuanto a la independencia política que deben tener sus
miembros. Posteriormente en 2005, el TSJ reincidiría en su
extralimitación de funciones y en la inconstitucionalidad de sus actos
al sustituir mediante sentencia a dos de los miembros de ese directorio,
sin considerar a sus respectivos suplentes. En 2006 la AN iniciaría por
primera vez el proceso para la sustitución de los rectores del CNE de
acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral; sin
embargo, el Comité de Postulaciones se conformaría con 16 de 21
integrantes militantes activos de los partidos políticos del llamado
Polo Patriótico y posteriormente el CNE se integraría con mayoría de
Rectores identificados con el Gobierno Nacional. En 2009 se inicia el
proceso para la sustitución de dos rectores del CNE de acuerdo con la
Ley, pero después de numerosos vicios procedimentales y legales, los
diputados de la Asamblea Nacional nombran a dos rectoras que eran
militantes activas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al
momento de su postulación. Vale destacar que desde Súmate se introdujo
un recurso de nulidad ante esta ilegalidad en el TSJ y hasta el día de
hoy, después de casi 5 años y 7 diligencias, el máximo tribunal no ha
dictado sentencia al respecto.
Más
allá de la ilegitimidad de origen que han presentado los 6 directorios
del CNE en 15 años, resulta determinante la desconfianza que esta
institución ha generado por lo menos en una significativa parte de la
población, como consecuencia del sesgo en la regulación del ventajismo,
el castigo a la intimidación en el ejercicio del voto y la no
prohibición del uso de recursos públicos para realizar campaña
electoral, entre otras decenas de violaciones a las leyes electorales
denunciadas y documentadas por Súmate y otras organizaciones desde hace
más de una década, que ha puesto en entredicho la legitimidad de las
autoridades electas por el voto popular en los más de 18 procesos
electorales que se han realizado desde 1999.
Es éste
el contexto en el que durante 2014 se ha iniciado el proceso para la
sustitución de 3 de los 5 Rectores del CNE que se encuentran vencidos en
sus cargos desde abril de 2013. Aunque hasta ahora no han cesado los
vicios procedimentales ni las prácticas violatorias de la Constitución y
la ley en el proceso para la selección de los rectores, desde Súmate
hemos impulsado a la sociedad civil a participar activamente en este
proceso. Esta participación, aunada a la presión de la opinión pública y
las organizaciones políticas, ha rendido sus frutos: entre el 1 y 8 de
abril fue constituida la Comisión Preliminar Electoral, con un balance
de 6 diputados de la bancada oficialista y 5 diputados de la bancada de
oposición, y hay una gran expectativa en que durante los próximos días
las dos terceras partes de los diputados de la AN seleccionen, como
representantes de la Sociedad Civil en el Comité de Postulaciones
Electorales, a 10 ciudadanos independientes de una lista de 20 que ya
fue aprobada y difundida el pasado 23 de julio.
No
obstante, y aunque la experiencia histórica nos invita al escepticismo,
el llamado desde Súmate es a permanecer alerta; a no claudicar en la
presión y la labor de contraloría ciudadana; a postular a los cientos de
ciudadanos independientes políticamente que están capacitados ética y
profesionalmente para asumir la responsabilidad de formar parte de un
CNE imparcial, transparente y justo; a informarse, involucrarse e
involucrar a otros; y a organizarse en el ejercicio de las múltiples
alternativas democráticas de participación de éste y otros procesos como
el de sustitución de 11 Magistrados del TSJ.
Es
inaceptable cualquier escenario que conduzca a una fórmula de
adjudicación de los Rectores del CNE por cuotas según representación de
partidos o tendencia política. Cualquier movimiento en ese sentido pone
en riesgo la estabilidad política y la gobernabilidad en el futuro
inmediato. A la vista están los resultados exhibidos por los 6
directorios anteriores del CNE que nos han llevado a la actual crisis de
legitimidad de las instituciones públicas y de desconfianza en los
resultados electorales. El clima político actual es muy volátil como
para soportar un eventual cuestionamiento masivo a las elecciones por
venir en los próximos años.
Una
solución pacífica de la conflictividad política, como único camino para
la construcción de una unidad nacional que elabore y ejecute una agenda
común para la reconstrucción social y económica de la República, pasa
por la renovación de las instituciones y de los mecanismos democráticos
que permitan dirimir electoralmente las diferencias. En este sentido es
imperativo contar con un CNE renovado, que en el marco de la
transparencia, la libertad y la justicia, se coloque de cara al país
como un verdadero administrador electoral, haga respetar las reglas del juego y le
regrese a los ciudadanos la confianza en el voto como mecanismo para la
solución de la crisis.
En el horizonte ya se dibujan las Elecciones Parlamentarias de 2015 y
posibles procesos de Primarias para la elección de los candidatos de los
diferentes partidos o alianzas en cada circunscripción: ¿Contará el nuevo
CNE con la legitimidad para que los ciudadanos asistan a votar en 2015
en unas elecciones transparentes, libres, justas, sin intimidación ni
ventajismo? ¿Podrá este nuevo CNE ser el garante de un proceso abierto,
plural, democrático, libre e imparcial de relegitimación de las
instituciones? Son esos los desafíos que la Asamblea Nacional tiene por
delante con la selección de los Rectores del CNE, el futuro de la
Democracia es hoy su responsabilidad. Desde Súmate les exhortamos a
dejar atrás los vicios procedimentales, las ventajas institucionalizadas
durante 15 años y asumir el reto histórico de darle al país un verdadero
administrador electoral, uno que no se ponga la camisa de ninguno de los equipos. La paz
depende de ello.