CNE SE BURLÓ DE LOS ELECTORES CON SUSPENSIÓN DE REVOCATORIO PRESIDENCIAL

l día 20 de octubre de 2016 el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció al país a través de una nota de Prensa en su portal web www.cne.gob.ve que el  “Proceso de recolección de 20% de manifestaciones de voluntad queda pospuesto hasta nueva instrucción judicial”, en acatamiento a unas medidas precautelativas decididas ese mismo día por los tribunales penales de primera instancia en funciones de control de Valencia; el tribunal tercero de control de San Fernando de Apure; el tribunal de primera instancia en función de control de Aragua y el tribunal de primera instancia en funciones de control del Estado Bolívar.  

Estas medidas fueron decididas tras la admisión de querellas penales por la presunta comisión de los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral de los cuales fueron acusados algunos dirigentes de la Organización Promotora del Referendo Revocatorio Presidencial, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); por lo cual estos tribunales ordenaron la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre. 

El CNE, en detrimento de su reconocimiento como ente rector del Poder Electoral, designado así por la propia Constitución Nacional en su artículo 293, decidió de forma inmediata acatar estas sentencias provenientes de tribunales sin competencia para paralizar un proceso que desarrolla derechos constitucionales establecidos en los artículos 5, 6 y 72 de la Constitución.  

Estas medidas fueron dictadas en contravención del debido proceso en materia penal, ya que ni siquiera se había producido la citación de los demandados. También en contra de su propia actuación durante la realización de los Revocatorios Regionales llevados a cabo en el año 2007, cuando se registró una situación similar en donde el entonces partido Patria para Todos (PPT) interpuso un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la entonces Rectora y Vice Presidenta del CNE Janeth Hernández aseguró en nota de Prensa del día 18 de mayo de 2007 que el CNE sería respetuoso de lo que decidiera el máximo tribunal “pero mientras tanto nosotros seguiremos trabajando en la preparatoria del proceso de recepción de manifestaciones de voluntad. Mientras no se decida nada seguiremos haciendo nuestro trabajo”.   

Observamos que el CNE no mantiene los criterios en sus actuaciones y pareciera responder a conveniencia en vez de cumplir con los Principios de “…imparcialidad, participación ciudadana y transparencia…”, que le demandan los artículos 141, 293 y 294 de la Constitución, como los de “…eficiencia y eficacia administrativas, imparcialidad y celeridad…”, requeridos por los artículos 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

El CNE con esta decisión de suspender la recepción del 20 por ciento de manifestaciones de voluntad para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial:

1. Demuestra parcialidad con los actores políticos que apoyan al Funcionario de Elección  Popular que se pretende revocar, ya que en esta oportunidad es manifiesta su alineación con los que se oponen a que haya Referendo Revocatorio del Presidente de la República y Elecciones Regionales en el año 2016, e incumplió con su deber de garantizar a todos los venezolanos el ejercicio al derecho constitucional a elegir y revocar oportunamente y cuando corresponda, en concordancia con lo establecido en los artículos 5, 6, 63, 64, 72 y 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
    

2. Desconoce que el Grupo Promotor de la consulta revocatoria (MUD) ya había logrado su legitimación, al haber cumplido con el mínimo del 1 por ciento, el cual duplicó, con el apoyo de los electores inscritos en las 24 entidades en el período de validación del lunes 20 al viernes 24 de junio.
    

3. Desconoce la voluntad de 1 millón 957 mil firmantes, que expresaron su apoyo a la MUD como intermediaria en la solicitud del Referendo Revocatorio Presidencial, a pesar de todas las restricciones que el ente impuso, entre ellas, el agregar la actividad de “digitalización y digitación, verificación de duplicidad de caligrafía y de calidad dactiloscópica de las firmas recogidas y entregadas”, con la cual a través de la aplicación de criterios subjetivos no contemplados en ninguna norma, invalidó 605 mil 727 electores, que representaban el 30,94 por ciento del total de firmas entregadas; el habilitar un reducido número de máquinas captahuellas y ubicarlas en lugares de difícil acceso o con menor población electoral, la aplicación de un horario administrativo de siete horas para la validación, y todos y cada uno de los retrasos denunciados durante las etapas de la Legitimación como Grupo Promotor de la Organización con fines políticos MUD; y la solicitud de apertura de procedimiento del Referendo Revocatorio Presidencial.

Al desconocer el apoyo que los electores dieron al Grupo Promotor, con la suspensión del Revocatorio, el CNE impide a los venezolanos ejercer el derecho a revocar el mandato de los funcionarios electos por el voto popular contemplado en el artículo 72 de la Constitución.  

Con esta decisión de suspender el Referendo Revocatorio Presidencial el pasado 20 de octubre, el CNE “dio al traste” con una de las razones de las consultas electorales y refrendarias que es la de ofrecer salidas pacíficas a los conflictos y diferencias dentro de la sociedad, al igual que a situaciones que amenazan la paz de todos los ciudadanos. Así lo consideró el constituyente de 1999 cuando aprobó la incorporación en la Constitución del mecanismo del Referendo Revocatorio: “…es un referendo que debe utilizarse para resolver crisis políticas que sucedan en el Estado y en la sociedad (Vid. Diario de Debates de la Asamblea Nacional Constituyente, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 12 de noviembre de 1999)”.

En el caso del cargo de Presidente de la República, como ha sido a lo largo de toda la historia de Venezuela, especialmente desde la instauración de la nueva Constitución de 1999, la circunscripción es nacional, es decir la circunscripción es todo el territorio nacional. En consecuencia para la revocación del mandato presidencial se trata de la recolección o recepción de las manifestaciones de voluntad del 20 por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral correspondiente a todo el territorio nacional. 

Lo anterior es un tema especialmente sensible dado que nuestro sistema de gobierno versa sobre una democracia participativa y protagónica, donde la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente a través del sufragio e indirectamente a través de sus representantes, tal como lo establece la Constitución en su preámbulo y el artículo 5, reiterando a lo largo de todo su articulado. Por ello el legislador también recuerda que todos los órganos del Estado y sus funcionarios se deben a sus ciudadanos y se encuentran al servicio de los mismos (Artículos 141 y 145 constitucionales). 

Teniendo presente la base de nuestro sistema de gobierno, la Constitución prevé en su artículo 62 una especial premisa para garantizar la participación protagónica del pueblo en las decisiones de gobierno, al recordar que “…todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas…”, agregando que “…la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo…”, para finalmente recordar que “…es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.” 

Aunque parezca redundante, también es pertinente señalar que la Constitución establece claramente cuáles son los medios de participación protagónica directa de los ciudadanos en su artículo 70, al establecer que “…son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad…” Con lo que queda asentado que esos son los principales medios, ya que no se trata de una enumeración taxativa o cerrada sino que es enunciativa y abierta.  

Toda esta larga y detallada explicación se debe a la preocupación que existe entre los ciudadanos luego de la publicación de la nota de prensa del CNE de fecha 21 de septiembre de 2016, mediante la cual aprueba el cronograma para la recolección del 20% de solicitudes para activar el referendo revocatorio presidencial. Esta nota preocupa ya que del cuadro explicativo que forma parte integrante del texto se desprende que pretenden que la recolección del 20% no sea en la circunscripción nacional sino por Estado (Entidad Federal). Ello aunado a las declaraciones del Rector del CNE Luis Emilio Rondón, que confirmó que ese es y será el criterio de recolección establecido por el CNE, según decisión del directorio. 

A esto se añade la Sentencia 147 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de octubre de 2016, mediante la cual, con base en la citada nota de prensa, determinó que “La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial”; lo cual trata de justificar añadiendo que “La etapa de recolección de las manifestaciones de voluntad no puede ni debe confundirse con el referéndum en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral, universalidad que abarca a todos los electores tanto a los que apoyan la revocatoria del mandato como a aquéllos que aspiran a ratificar en el cargo al funcionario electivo sometido a la consulta popular. La recolección de las manifestaciones de voluntad no constituye en ningún caso, por consiguiente, ni una consulta, ni un referendo, ni un plebiscito”.

Como se puede evidenciar, esa decisión es diametralmente opuesta a lo previsto en el artículo 72 constitucional, que establece que la recolección para la revocación de mandatos es del 20 por ciento de la circunscripción correspondiente. Resulta tan evidente, que si se aplicara el criterio del CNE a las elecciones presidenciales, si el Presidente de la República no obtuviera mayoría de votos en una Entidad Federal no podría ser proclamado electo, lo cual es claramente absurdo. 

Esta decisión es una clara obstrucción del protagonismo soberano de los ciudadanos, por lo que dicho criterio no solamente es antagónica a la norma suprema, sino que va en contra de los pilares fundamentales del sistema de gobierno democrático y protagónico que propugna nuestra Carta Magna. 

La decisión del TSJ es especialmente preocupante, ya que afirma que el CNE tiene la capacidad de realizar interpretaciones cuando exista un vacío legal basándose en una Norma (artículos 15 y 29 Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular, del 06 de septiembre de 2007, en la Resolución Nº 070906-2770, publicada en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007), cuando la Constitución (norma suprema) es clara y no da cabida a interpretación, y en cuyo caso la Sala Electoral seria incompetente de conocer, ya que sería la Sala Constitucional la única competente para interpretar el articulado Constitucional. 

Por ello el criterio de recolección del 20% en cada una de la entidades federales y no en la circunscripción correspondiente (nacional) establecido tanto por el CNE como por la Sala Electoral del TSJ debe ser tachada de:

Inconstitucional, al no ceñirse a lo expresamente establecido en el artículo 72 de la Constitución: “…veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción”, que para el caso del Presidente de la República es nacional. Poniendo por encima de la Constitución la interpretación de una norma, que esta de último en la jerarquía normativa.

Contraria a la participación protagónica soberana de los ciudadanos, por representar un obstáculo, siendo además contraria a la costumbre (fuente del derecho), que hasta ahora ha habido en materia de referendo revocatorio presidencial.

Demuestra que los funcionarios que han tomado estas decisiones no están al servicio de los ciudadanos ni de la democracia.

El 29 de diciembre de 2015, 23 días después las Elecciones Parlamentarias del 06 de diciembre, algunos candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Gran Polo Patriótico (GPP) acudieron a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar parcialmente estos comicios en cinco (5) Circunscripciones Nominales (Circuitos Nº 2, 3 y 4 de Aragua; Nº 1 Amazonas y Nº 2 de Yaracuy) y  la Circunscripción de la Representación Indígena de la Región Sur, además de la Representación total del Estado Amazonas.

El 30 de diciembre de 2015 los cinco magistrados de la Sala Electoral del TSJ se declararon competentes y admitieron los primeros seis recursos, aunque decidieron declarar improcedentes las solicitudes de medidas cautelares de suspensión de efectos de los resultados electorales en cada una de ellas.

En la séptima impugnación, la demandante solicitó la nulidad absoluta en el circuito electoral del estado Amazonas por:

Por estas razones pidió a los cinco magistrados de la Sala Electoral del TSJ admitieran el Recurso Contencioso Electoral, declararán con lugar la demanda de Nulidad y procedieran a anular “…la elección de los cargos a diputados a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas, que implica: i) el acto de votación; ii) el acto final de escrutinio; iii) el acto de totalización; y iv) el acto de proclamación de los ganadores de los curules correspondientes…” 

Por último, la demandante solicitó ordenen “…una nueva elección parlamentaria en el referido circuito electoral, como efecto depurador del sistema electoral venezolano…” 

La decisión de los cinco magistrados de la Sala Electoral del TSJ implicó la suspensión de los diputados del estado Amazonas:

Nirma Guarulla (MUD) de la Circunscripción Uninominal Nº 1 de Amazonas: quien ganó esta curul al obtener 32.676 votos (49,76%).

Julio Haron Ygarza (MUD) quien ganó el primer escaño Lista de Amazonas con 33.069 votos (49,81%), y

Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez (PSUV) quien obtuvo el segundo escaño Lista de Amazonas con 30.868 votos (46,49%).

Con esta decisión de amparo cautelar y la demora del juicio por más de once meses, los cinco magistrados de la Sala Electoral del TSJ han lesionado el principio democrático de la soberanía popular y la participación política de los 160.548 ciudadanos inscritos en el Registro Electoral del Estado Amazonas para las Elecciones de la Asamblea Nacional, así como de los 694.561 electores de la Representación Indígena de la Región Sur a la que se refiere el artículo 179.2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Esta acción de los cinco magistrados de la Sala Electoral del TSJ atenta contra la representación nacional y, por ende, la legítima y democrática representación del pueblo en su papel de mandante y legislador, tal como lo estipula el artículo 201 de Constitución: “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal.” 

El único precedente de impugnación de elecciones con la Ley Orgánica de Procesos Electorales fue la Elección Presidencial del 14 de abril de 2014, en la cual la diferencia de votos entre los dos principales candidatos fue de 223.599, al obtener el Presidente Nicolás Maduro 7.587.579 votos que representó el 50,61 por ciento, y el Gobernador de Miranda Henrique Capriles 7.363.980 votos, para un 49,12 por ciento. 

El 2 de mayo de 2013, con solicitud de nulidad de todo el hecho electoral, desde su convocatoria hasta la viciada adjudicación y proclamación del candidato Nicolás Maduro, y