(Caracas, 02 de Agosto 2007 - Nota de
Prensa Súmate 223)
-
La sanción al Ministro de Energía y Petróleo
y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez,
aplicada por el Consejo Nacional Electoral
luego de ocho meses de la comisión del
delito, por un monto de 18 millones 816 mil
bolívares, por su intervención indebida en
la campaña electoral cuando conminó a los
ejecutivos y personal de la empresa a ser
“rojos rojitos”, es considerada por Súmate
como un incentivo para que los funcionarios
públicos continúen violando la Constitución
y las leyes de la República en futuras
elecciones.
Súmate se pregunta por qué el CNE ha
decidido hasta la fecha sólo 15 sanciones,
entre ellas la del ministro y presidente de
PDVSA, una gobernadora, cinco alcaldes y los
comandos de campaña de los candidatos Hugo
Chávez y Manuel Rosales; cuando hubo un
sinnúmero de violaciones a la normativa
electoral por parte de varios ministerios,
gobernaciones, alcaldías, presidentes y
directores de múltiples organismos del
Estado, entre otros.
Como prueba de ello, la organización
ciudadana hace mención a dos escritos en los
que formalmente denunció y reportó ante el
CNE y la Contraloría General de la República
117 violaciones al Reglamento de Normas de
Publicidad y Propaganda del CNE y la
legislación venezolana (70 denuncias de
irregularidades en noviembre y 47 en
diciembre) que hasta la fecha desconoce si
han sido procesadas.
No se están aplicando las
penas previstas en el ordenamiento jurídico
Según Súmate, las sanciones
del CNE no excluyen la responsabilidad de
los infractores ante otras regulaciones del
ordenamiento jurídico vigente. Los
funcionarios públicos violaron
específicamente los artículos 67 la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, 210 y 215 de la Ley Orgánica del
Sufragio y Participación Política (LOSPP) ,
13 y 68 de la Ley Anticorrupción, y 20 de
las Normas de Publicidad y Propaganda
Electoral. El artículo 68 la Ley
Anticorrupción establece la pena de prisión
de un (1) año a tres (3) años para los
funcionarios públicos que utilizan sus
cargos para favorecer a candidatos en la
campaña electoral, tal como quedó
evidenciado en el caso del Ministro y
Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. En tal
sentido, Súmate le recuerda al CNE su deber
de remitir las actuaciones cumplidas, en
este caso los expedientes de los
sancionados, al Ministerio Público cuando
existen indicios de comisión de faltas o
delitos previstos en la ley, así como lo
establece el artículo 259 de la LOSPP.
Ante esta situación, Súmate cuestiona la
capacidad del actual CNE para evitar que en
los próximos eventos electorales se repitan
situaciones similares, cuando las sanciones
no se corresponden con la gravedad de las
violaciones y tampoco son acordes con el
nivel del cargo del funcionario que las
comete. Esta organización ciudadana anuncia
que seguirá estudiando las sanciones que se
publiquen en los próximos días y lamenta la
inutilidad de las Normas de Publicidad y
Propaganda de la campaña presidencial, como
también el silencio de las instituciones del
Estado, antes tan graves faltas que sólo
logran incentivar el abuso de poder.
CNE está en mora con
proyectos de leyes electorales
Adicionalmente, el Poder
Electoral no está dando respuesta y
garantizando los mecanismos de participación
de los ciudadanos, cuando está en mora con
proyectos de leyes electorales y cuando
incumple con su deber de informar
oportunamente a los ciudadanos acerca de los
procesos que está conduciendo. La carencia
de acciones genuinas del CNE para la
generación de confianza en el electorado,
obstaculiza las posibilidades de los
venezolanos para ejercer su ciudadanía a
través de los mecanismos electorales.
Esta organización insiste en la necesaria
búsqueda de la legitimación de la directiva
del Poder Electoral, según el procedimiento
establecido en la Constitución Bolivariana,
que conduzca a la designación de rectores
que puedan garantizar la independencia,
imparcialidad y transparencia en los
próximos procesos electorales, como única
forma de revertir efectivamente lo que las
últimas directivas del CNE han convertido en
un “tradicional” clima de ventajismo y de
amedrentamiento oficial a favor de quienes
detentan el poder.
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