Más de
100 días sin rendir cuentas de su gestión en
el 2007
RECTORES DEL CNE PODRÍAN SER INHABILITADOS
(Caracas, 17 de junio 2008 / Nota de Prensa
Súmate 244) -
Más de 100
días tiene el CNE sin cumplir con la
obligación de presentar la Memoria y Cuenta
de su gestión en el año 2007 y hasta la
fecha ninguno de los poderes del Estado con
funciones contraloras, como la Asamblea
Nacional y la Contraloría General de la
República, se ha pronunciado para exigirle
que cumpla con lo establecido explícitamente
en el artículo 16 de la Ley Orgánica del
Poder Electoral.
La
denuncia la formuló desde la sede nacional
del CNE el vocero de Súmate Dashiell López,
acompañado de un grupo de jóvenes
voluntarios. Explicó que la conducta del CNE
de no entregar a tiempo su Memoria y Cuenta
ha sido reiterativa en sus tres últimas
directivas. Al respecto, mencionó la
denuncia formal que introdujo Súmate ante la
Contraloría General de la República contra
el Poder Electoral en abril del año 2006,
por no haber rendido cuentas en los años
2003, 2004 y 2005.
López exhortó
al CNE a rendir cuentas ante el país de los
cuantiosos recursos financieros de que ha
dispuesto, que incluye el financiamiento
adicional a su presupuesto ordinario. El
vocero de Súmate dijo que los venezolanos
tenemos derecho a saber cuáles fueron los
costos de la recepción de manifestaciones de
voluntad para activar los revocatorios de
gobernadores y alcaldes, de los 10 procesos
de referendos revocatorios regionales y del
Referendo Consultivo de la Reforma
Constitucional, entre otros procesos
electorales celebrados el año pasado,
incluyendo las inversiones en tecnología y
equipos de votación.
Cualquier
inhabilitación procedería después de una
sentencia firme
Para el vocero de Súmate es insólito que la
Contraloría General de la República no se
haya pronunciado ni haya establecido
sanciones a ninguno de los rectores de las
tres últimas directivas, de las cuales
fueron parte el exrector Francisco
Carrasquero, actual Magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia; Jorge Rodríguez, quien
fue rector principal y luego presidente del
organismo electoral, un año después fue
nombrado Vicepresidente de la República y
últimamente es candidato a la Alcaldía del
Municipio Libertador; y la rectora Tibisay
Lucena, quien ejerce actualmente la
presidencia del CNE.
De acuerdo a
Dashiell López, si la Contraloría General de
la República hubiese cumplido con sus
funciones que establece nuestro ordenamiento
jurídico, la rectora Tibisay Lucena y el
magistrado Francisco Carrasquero no estarían
desempeñando cargos administrativos en este
momento; como tampoco el exrector Jorge
Rodríguez, hubiera podido desempeñar el
cargo de Vicepresidente de la República en
el año 2007.
Sin embargo,
advirtió que cualquier sanción que impida el
ejercicio de funciones administrativas o
restringa los derechos políticos, como
negarle el derecho a algunos ciudadanos de
inscribirse como candidatos a cargos de
elección popular; debe ser determinado por
una sentencia definitivamente firme dictada
por un tribunal penal, según lo contemplado
en el artículo 23 de la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos.
Agregó López, que en caso de que los
rectores del CNE incluyan en la normativa de
las elecciones regionales la prohibición de
postulaciones a candidatos inhabilitados
inconstitucionalmente por la Contraloría
General de la República, estarán expuestos a
sanciones civiles, administrativas y penales
por privar a estos ciudadanos de sus
derechos humanos, tal como lo establece el
artículo 25 de la Constitución de la
República.
La función
del CNE es promover el ejercicio de los
derechos políticos
Otro llamado de atención formulado por López
es que la actual presidenta del CNE, rectora
Tibisay Lucena, es la menos indicada para
impedir que los ciudadanos inhabilitados
inconstitucionalmente por la Contraloría
General se inscriban como candidatos para
estas elecciones regionales; porque ella fue
parte de dos directorios que nunca
entregaron la Memoria y Cuenta de sus
gestiones de los años 2003 y 2004; además de
haber incurrido en mora en la entrega de
este informe en el 2005 y 2006, y
actualmente es responsable directa de la
omisión del mismo en el 2007.
Protesta Súmate Anzoátegui exigiendo Memoria
y Cuenta CNE
Los rectores
del CNE, dijo el vocero de Súmate, saben que
estas inhabilitaciones de la Contraloría a
más de 400 ciudadanos no proceden porque las
mismas violan la presunción de inocencia y
cambia la carga de la prueba. “Los rectores
del CNE al pretender negar la postulación de
candidatos para las elecciones regionales
del próximo 23 de noviembre, juegan en
posición adelantada y violentan el derecho
al debido proceso consagrado en el artículo
49 de la Constitución Nacional”. Por último,
enfatizó que el papel del CNE es promover la
participación y el ejercicio de los derechos
políticos de los ciudadanos.
Súmate asume
esta acción, expresó López, como parte de su
ejercicio del derecho de controlar la
gestión y administración de los bienes y
fondos públicos por parte de los
funcionarios del Estado, consagrado en el
artículo 62 de la Constitución de la
República, el artículo 24 numeral 4, y el
artículo 25 numeral 7 de la Ley de la
Contraloría General de la República; y el
artículo 12 de la Ley Contra la Corrupción (LCC).
Además, expresó que este pronunciamiento se
inscribe dentro de lo contemplado en el
artículo 66 del texto constitucional que
otorga el derecho a los electores de exigir
a sus representantes cuentas públicas,
transparentes y periódicas sobre su gestión.
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