Comunicado de Súmate ante el segundo cierre
de RCTV
EN DEMOCRACIA SE FORTALECEN LOS MEDIOS
EXISTENTES Y SE CONTRIBUYE A QUE SURJAN
NUEVOS CANALES
(Caracas, 25 de enero 2010 / Comunicado
Súmate / Nota de Prensa 315) -
Otra vez. Al
gobierno nacional no le bastó con cerrar la
señal abierta de RCTV Internacional el
pasado 27 de mayo de 2007. Ahora, el sábado
23 de enero de este año, cuando los
venezolanos celebramos los 52 años de vida
democrática del país, el Gobierno Nacional,
a través de CONATEL, ordenó a las empresas
de cable sacar de su programación la señal
de este canal de televisión por suscripción.
Con
este segundo cierre de RCTV Internacional,
que afecta también a los canales Ritmo Son,
Momentum, América TV, American Network y TV
Chile; y que ocurre luego del cese de
transmisiones de 32 emisoras de radio y 2
televisoras regionales en agosto de 2009; el
Gobierno Nacional viola flagrantemente la
Constitución de nuestra República, que
consagra en sus artículos 57 y 58 el derecho
que tenemos todos los venezolanos a la
Libertad de Expresión, como también el
derecho a estar informado de forma veraz y
oportuna.
Este nuevo
cierre de la señal de RCTV Internacional,
bajo el argumento de no haber acatado y de
no someterse al yugo de las leyes, normas y
providencias del Gobierno Nacional, muchas
de ellas sobrevenidas, con el fin
precisamente de restringir y controlar el
derecho a la libertad de expresión; obedece
a una penalización del gobierno nacional
contra la línea editorial de este medio de
comunicación, que no se ha arrodillado a
pesar de la presión sobre sus directivos,
empleados y anunciantes.
El pasado 22
de diciembre de 2009 el Gobierno Nacional
aprobó una normativa bajo la denominación de
“Norma Técnica sobre los Servicios de
Producción Nacional Audiovisual”, en la que
establece diferencias entre los canales por
suscripción internacionales y nacionales,
discriminando entre ambos tipos de servicio
televisivo, lo cual representa otra
violación a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela: “Artículo 21.1.
No se permitirán discriminaciones fundadas
en la raza, el sexo, el credo, la condición
social o aquellas que, en general, tengan
por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona”. Una
de estas grandes diferencias tiene que ver
con los cortes comerciales, a través de los
cuales los canales de televisión privados e
independientes pueden subsistir.
De acuerdo con
esta norma sobrevenida los canales de
suscripción nacionales sólo pueden tener un
corte comercial por programa, cuando antes
tanto los canales nacionales e
internacionales por suscripción podían tener
cinco cortes. Además les obliga a someterse
a las normas que cumplen las televisoras de
señal abierta, entre ellas transmitir las
cadenas presidenciales e incluir en su
programación la propaganda gubernamental a
través de los espacios institucionales.
Cuando este 21
de enero CONATEL calificó a RCTV
Internacional como un canal nacional por
suscripción, el Ejecutivo Nacional buscaba,
al igual que en el primer cierre, que este
medio de comunicación cerrara
definitivamente sus emisiones. En la primera
oportunidad, el canal cumplió con su
compromiso laboral con sus trabajadores y su
labor de comunicador social dentro y fuera
de nuestro país, desarrollándose como un
canal de suscripción, ante la imposibilidad
de continuar transmitiendo como el canal de
señal abierta que el gobierno impidió que
siguiera siendo. En esta segunda ocasión,
siendo un canal de suscripción con un corte
comercial por programa, no podría sobrevivir
financieramente ni asumir los costos de
producción, servicios y de salarios de sus
más de 1.300 empleados.
Con este
segundo cierre del Canal RCTV Internacional,
el gobierno nacional busca eliminar a los
medios de comunicación social que se niegan
a doblegarse a sus presiones, impidiéndoles
que adviertan ante la opinión pública lo que
verdaderamente está ocurriendo en el país,
como es el hecho de las crecientes demandas
sociales de nuestra población.
Aunque el
Gobierno Nacional ha logrado que algunos
medios de comunicación social cedan a sus
presiones, autocensurándose, filtrando y
eliminando de su programación informativa
las denuncias sobre los diferentes problemas
que sufren los venezolanos, así como las
exigencias del pueblo por mejores
condiciones de vida, más aún en un año en el
que el electorado deberá decidir sus
opciones políticas sobre la base del
conocimiento de los resultados de la gestión
pública de sus autoridades; debemos
reconocer a otros medios de comunicación,
como RCTV Internacional, que se han
mantenido firmes denunciando los problemas
de seguridad ciudadana y las demandas por
los servicios de luz y agua de la población,
así como el clamor por el respeto a derechos
humanos fundamentales como el derecho a la
vida, a la salud, al trabajo, a un salario
justo, a las contrataciones colectivas, a la
sindicalización, a la protesta, entre otras
exigencias.
Creemos
firmemente que todo gobierno democrático, en
vez de perseguir y sancionar a periodistas y
medios; debe promover la pluralidad de voces
y fomentar la discusión pública para que el
pueblo pueda formar sus propias opiniones,
escoger sobre la base de sus preferencias y,
sobretodo, fortalecer la tolerancia como
principio de la convivencia. Esto implica
que el Gobierno Nacional, como todos los
demás Poderes de la República, debería
fortalecer los medios existentes y
contribuir a que surjan o aparezcan otros,
para que haya cada día más espacios de
participación ciudadana y más ventanas
abiertas a las que podamos acudir todos los
venezolanos a expresar lo que sentimos y
vivimos en este país, sin importar la
ideología, el partido político, la religión
que se profesa, la raza o condición social.
Si en
Venezuela contáramos con Poderes del Estado
realmente independientes, el cierre de RCTV
Internacional no habría ocurrido. Es hora de
tener una verdadera democracia, que exige
además de poderes respetuosos de los
mecanismos democráticos, medios de
comunicación libres e independientes, porque
su fin es permitir el ejercicio del control
de la gestión pública en nombre de los
ciudadanos.