Súmate exige que pague costos de
transmisiones proselitistas por VTV
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA USA INDEBIDAMENTE
BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO A FAVOR DE SU
CANDIDATURA
(Caracas, 14 de octubre 2011 / Nota de
Prensa Súmate 381) -
Súmate introdujo hoy una Demanda Ciudadana
ante el Consejo Nacional Electoral contra el
Presidente de la República por hacer uso de
bienes y recursos del Estado con el fin de
promover su candidatura para el próximo
proceso electoral previsto para el domingo
07 de octubre de 2012.
Como
prueba de ello, los representantes de esta
organización ciudadana Ricardo Estévez y
Dashiell López, consignaron copia digital de
las transmisiones de los tres últimos actos
proselitistas del Presidente de la
República, en beneficio de su candidatura y
de la reciente conformación de su alianza
política Gran Polo Patriótico, para los
cuales utilizó la plataforma de medios de
comunicación social del Estado y de la
infraestructura pública de los venezolanos:
1.Programa Especial
con el Presidente de la República en
Encuentro del Grupo Promotor del Gran Polo
Patriótico, el jueves 13 de octubre
de 2011,
transmitido desde
el Palacio de Miraflores,
con una duración de cuarenta (40) minutos.
2.
Programa Especial
con el Presidente de la República en
Asamblea de Patrulleros de Vanguardia del
Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), el sábado 08 de octubre de 2011,
transmitido desde el Palacio de Miraflores,
con una duración
de dos horas con cuarenta y seis minutos
(2:46).
3.
Programa Especial
con el Presidente de la República en
Lanzamiento del Gran Polo Patriótico, el
viernes 07 de octubre
de 2011,
transmitido desde
el Palacio de Miraflores,
con una duración de tres horas con cincuenta
y cinco minutos (3:45).
En 2011 ha hablado una hora con 45 minutos
diarios promedio
En el documento consignado,
los voceros de Súmate notifican a los cinco
rectores principales del CNE que han
detectado
durante lo que va del año (los tres últimos
trimestres y los primeros trece días del mes
de octubre) que
el Presidente de la República ha utilizado
la plataforma de medios de comunicación
social del Estado
para la transmisión de
un total de 196 alocuciones, con un total de
504 horas, para un promedio diario de
referencia de una hora con cuarenta y cinco
minutos si se distribuyeran en los 287 días
que ha transcurrido del año 2011,
conformadas por
6 Programas Aló Presidente,
45 Cadenas Nacionales, 118
Transmisiones Especiales, 3 Ruedas de
prensa y 24 Entrevistas Especiales y
Pases en Programas de Opinión de VTV.
Resaltan que
en algunas de las restantes 193 alocuciones,
el Presidente ha hecho campaña a su favor y
también ha promovido nombres de algunos de
sus ministros y funcionarios de gobierno
como posibles candidatos a gobernaciones, y
además se ha
pronunciando abiertamente en contra de
cualquier disidencia a su proyecto político,
prueba de ello es el
Consejo de Ministros, transmitido en
Cadena Nacional
el 1º de octubre de 2011.
Aún cuando este ventajismo electoral está
ocurriendo fuera del período de campaña
electoral, Estévez insistió en que esperan
que el CNE
haga cumplir
los mecanismos efectivos que garanticen la
equidad como también
los principios de igualdad, confiabilidad,
imparcialidad, transparencia y eficiencia de
los procesos electorales; tal como
se lo exigen los artículos 21.1 y 293 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Dashiell
López explicó que es insostenible el
argumento de algunas de las rectoras
principales de que el CNE no puede actuar en
el período de pre-campaña, dado que su
Directorio tiene la potestad y la obligación
de aplicar el artículo 75, numeral 1, de la
Ley Orgánica de Procesos Electorales, que
prohíbe
adelantar la campaña electoral;
y en caso de considerarlo necesario pueden
decidir y aprobar reglamentarlo, al igual
que normar
las transmisiones presidenciales
proselitistas por la plataforma pública de
medios de comunicación social, para evitar
que el Presidente de la República aproveche
su investidura como Jefe del Estado con el
propósito de hacer campaña electoral a
través de la misma.
Exigieron la apertura de un procedimiento
administrativo
Con fundamento en los
artículos 21.1, 67 y 145 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, los
artículos 13, 18 y 68 de la Ley Contra la
Corrupción,
los artículos 72 y 75 de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales,
los representantes de Súmate exigieron al
CNE:
Abrir un
procedimiento administrativo para determinar
su responsabilidad en estas denuncias,
ya que el Presidente de la República se está
aprovechando de su investidura y el cargo
público que ostenta para favorecer su
candidatura y su parcialidad política.
Oficiar a los organismos competentes para
que se establezcan las responsabilidades a
que haya lugar en virtud de las repetidas
violaciones
a la legislación mencionada;
entre ellos
a la Fiscalía General de la República y a la
Contraloría General de la República
Ordenar al Presidente de la República la
suspensión de la campaña electoral
adelantada en programas y transmisiones
especiales por la plataforma de medios de
comunicación pública;
Aplicar la
multa
establecida de conformidad con lo previsto
en el artículo 232 numeral 4 de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales,
consistente entre
cinco mil (5.000 UT) a siete mil Unidades
Tributarias (7.000 UT).
Por lo cual debe exigir al Presidente de la
República, como a su partido PSUV, pagar una
multa entre 380 mil y 532 mil bolívares
fuertes, por adelanto de la campaña
electoral y uso ilegal de recursos y bienes
del Estado en la misma.
Exigir al Presidente de la República, como a
su partido PSUV, a pagar los costos
estimados que adeudan por las transmisiones
ilegales por la plataforma pública de medios
de comunicación social, como por la
utilización de edificaciones públicas, de
actos explícitamente proselitistas con el
fin de influir en los venezolanos para las
próximas elecciones presidenciales.
Por último, señalaron que la introducción de
esta denuncia ciudadana ante la
Directiva del Consejo Nacional Electoral es
parte del ejercicio del
derecho de los ciudadanos de Súmate de
realizar
contraloría ciudadana a los Poderes del
Estado Venezolano,
consagrado en
el artículo 62 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.