 |
||
|
|
||
|
(Caracas, 30 de noviembre 2011 / Nota de Prensa Súmate 386) - Súmate solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre el recurso de nulidad por inconstitucionalidad que introdujo hace dos años contra la lista final de los seleccionados por el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional para ser nombrados rectores del CNE; de la cual fueron escogidas como rectoras principales Socorro Hernández y Tania D’Amelio, contraviniendo con ello el artículo 296 de la Constitución de la República de Venezuela (CRBV) y el artículo 9, numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), que prohíben la designación de personas vinculadas a organizaciones político-partidistas para estos cargos.
Además, advirtió que el hecho de que hayan transcurrido dos años sin decisión es contrario a lo dispuesto en el artículo 26 de la CRBV: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Estévez recuerda que el pasado 26 de noviembre de 2009 recurrieron a la Sala Político Administrativa de esta máxima instancia judicial de la República para impedir en ese momento la designación inconstitucional de Socorro Hernández y Tania D’Amelio como rectoras principales del CNE, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para dichos cargos, por ser militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo cual está prohibido por el artículo 296 de la Constitución de nuestra República y el artículo 9, numeral 4, de la LOPE. El representante de Súmate afirmó que el hecho de que el TSJ no se haya pronunciado oportunamente ha permitido que las rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio estén ejerciendo una autoridad en fraude a las normas constitucionales, por ser personas inelegibles en su origen en franca violación del artículo 296 de la CRBV, y una competencia viciada para el dictamen de resoluciones para la convocatoria de elecciones, la elaboración de normativas electorales, la fijación de las circunscripciones electorales, la inscripción de nuevas organizaciones con fines políticos (partidos), la administración del registro electoral y civil, la promulgación de autoridades electas por el sufragio de los ciudadanos, entre otras. “Esto es ilegitimidad de desempeño, lo cual ha quedado demostrado en algunas de sus actuaciones al permitir la comisión de irregularidades por parte del Presidente de la República y de su partido (PSUV)” dijo Estévez. Por último, agregó que esta es la segunda diligencia que formulan ante el TSJ, ya que no recibieron respuesta de la primera que ejercieron el pasado 11 de agosto. 10 diciembre 2009 - Súmate denuncia falta de justicia ante violaciones de la AN y el CNE 30 noviembre 2009 - Súmate exhorta al TSJ a suspender designación de rectores del CNE 21 noviembre 2009 - Renuncia a militancia política no es un descargo aceptable 12 noviembre 2009 - Súmate cuestiona a 25 candidatos a rectores del CNE 09 noviembre 2009 - Procedimiento de objeciones de candidatos a rectores del CNE ante CPE 22 octubre 2009 - Comenzó periodo de postulación de aspirantes a rectores del CNE
27 septiembre
2009 - AN debe elegir candidatos
independientes a rectores del CNE |
||
|
Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate |
||
 |
||
El
director ejecutivo de esta organización
ciudadana, Ricardo Estévez, explicó que este
recurso de nulidad por inconstitucionalidad
se encuentra desde el pasado 09 de febrero
de este año 2011 en fase de sentencia.
Consideró irregular esta dilación, ya que el
tiempo aproximado en el dictamen de
sentencias es entre un mes y medio a tres
meses, y este recurso ya lleva más de nueve
meses en espera. Dijo que no se puede
comprender como la máxima instancia judicial
de la República esté en mora con la
solicitud de justicia por parte de un grupo
de ciudadanos, que aspira tener rectores
electorales imparciales e independientes, y
contar con un sistema electoral realmente
confiable, tal como lo exigen los artículos
294 y 296 de la Constitución y los artículos
3, 7, 8, 9 y 32 de la LOPE.