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(Caracas, 15 de noviembre 2012 - Nota de Prensa Súmate 438) - El Consejo Nacional Electoral debe sancionar al Presidente de la República por utilizar su cargo para favorecer al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gobernación del estado Miranda, Elías Jaua, al permitirle hacer campaña en la cadena nacional de radio y televisión transmitida la tarde de este jueves.
Esta acción de ventajismo vulnera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 145, el cual señala que “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”, además del artículo 13 de la Ley contra la corrupción, el cual es claro al establecer que los funcionarios públicos “no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”. Asimismo, recuerda que el CNE en los artículos 221, 222 y 223 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, publicado en junio de este año, prohíbe hacer campaña y usar fondos públicos para ésta a los funcionarios del Estado. Destaca lo expresado en el último de los artículos mencionados: “…la información concerniente a las obras de gobierno, los mensajes y alocuciones oficiales, no podrán tener contenidos y símbolos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral”.
A treinta días
de los comicios regionales, esta
organización ciudadana insta al Consejo
Nacional Electoral a detener de una vez por
todas estas acciones de ventajismo y hacer
cumplir la Constitución, las leyes y el
Reglamento General de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales. No obstante, estas
irregularidades, Súmate hace un llamado a no
amilanarse y a organizarse para enfrentar
estos obstáculos participando en las
próximas elecciones Regionales del 16 de
diciembre. |
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Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate |
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Súmate
recuerda que el artículo 68 de la Ley Contra
la Corrupción establece que “El
funcionario público que abusando de sus
funciones, utilice su cargo para
favorecer o perjudicar electoralmente a un
candidato, grupo, partido o movimiento
político, será sancionado con prisión de
un (1) año a tres (3) años”.