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¿Quién está en desacato?
SÚMATE: LA RUTA SIGUE SIENDO DEMOCRÁTICA Y ES ELECTORAL
(Caracas, 02 de Abril de 2017 - NPS 621)
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Luego de los
resultados de las Elecciones Parlamentarias
del 06 de diciembre de 2015, surgió una
nueva mayoría en Venezuela, al lograr las
fuerzas políticas integradas en la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD) 112 de los 167
escaños de la Asamblea Nacional (AN), es
decir el 67 por ciento de la totalidad de
las curules.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
en el Poder Ejecutivo ha venido ejecutando
una estrategia, hilvanando una serie de
acciones, con el fin de desconocer a la
nueva mayoría nacional manifestada el pasado
6 de diciembre, utilizando para ello al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha
dictado más de 50 sentencias en contra de la
Asamblea Nacional, desde el 30 de diciembre
de 2015 (sentencia de Sala Electoral N° 260)
hasta el pasado 29 de marzo de 2017
(sentencias de la Sala Constitucional Nº 155
y Nº 156).
Es obligatorio detenernos en las sentencias
de la Sala Constitucional del TSJ en contra
de la AN signadas con los Nº 155 y 156 del
28 y 29 de marzo, respectivamente, porque
constituyen la estocada final al parlamento
venezolano,
a pesar de su pretendida corrección en las
nuevas sentencias Nº 157 y 158 de este 1
abril.
En resumen, las sentencias Nº 155 y 156: 1)
declaran nulo “…el acto parlamentario de
Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de
Aplicación de la Carta Interamericana de la
OEA…”; 2) eliminan la Inmunidad
Parlamentaria y acusan a los Diputados de
traición a la patria; 3) otorgan poderes al
Presidente de la República en materia civil,
económica, militar, penal, administrativa,
política, jurídica y social, para evitar un
eventual estado de conmoción; 4) Prorrogan
el Estado de Excepción; 5) evaden la
facultad de la AN para aprobar la
constitución de Empresas Mixtas; y 6)
ratifican que mientras continúe la condición
de desacato de la AN sus decisiones son
nulas y que la Sala Constitucional o un
órgano nombrado por ella asumiría la
totalidad de las competencias del
Parlamento.
Aunque las sentencias
son susceptibles de
aclaratorias por el tribunal que las dicta,
en este caso la Sala Constitucional del TSJ,
esta aclaratoria está sujeta a límites
legales, que no permiten que cambie el
contenido de las mismas; por lo que las
modificaciones de las sentencias 155 y 156
mediante las sentencias 157 y 158
constituyen otra violación más del orden
constitucional y legal, que redunda en el
evidente desconocimiento de la ley y abuso
de poder.
Todo comenzó el 30 de diciembre de 2015
(sentencia N° 260), cuando la Sala Electoral
del TSJ suspendió a los diputados electos
por el estado Amazonas, con el fin de
cumplir el propósito del PSUV en el gobierno
nacional de arrebatarle la mayoría de las
dos terceras partes (112 de 167 diputados) a
la MUD (3 de los 4 diputados de Amazonas son
de oposición).
Los 112 escaños ganados por la MUD le dan
los tres tipos de mayorías estipuladas por
la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, lo cual le otorga todas las
competencias establecidas en la Constitución
al Poder Legislativo Nacional, gran parte de
ellas incluidas en el artículo 187. (Ver
editorial de Monitor Parlamentario Agosto –
Septiembre 2016)
El TSJ, aprovechando que la mayoría de la
Asamblea Nacional juramentó e incorporó a 3
de los 4 diputados de Amazonas suspendidos,
declaró en desacato al Poder Legislativo,
por lo cual sentenció, más adelante, que
todos sus actos son nulos. Pero ahora el TSJ
no solo exige al Poder Legislativo la
desincorporación de los diputados de
Amazonas sino que también acate todas las
decisiones dictadas hasta la fecha, como lo podemos
evidenciar en la sentencia Nº 2 de este año
2017 en la que “…declara la
inconstitucionalidad por omisión del Poder
Legislativo Nacional al no haber dictado las
medidas indispensables para garantizar el
cumplimiento de la Constitución referidas al
acatamiento de las decisiones dictadas por
este Máximo Tribunal de la República…”
Asistimos a una situación en la cual se
pretende anular la separación de poderes,
con las consecuencias que esto tiene para la
democracia y para la estabilidad política
del país.
La restricción de las libertades y los
derechos políticos de la Asamblea Nacional
que constituyen de facto la disolución del
Parlamento, implica un zarpazo a la
Democracia, implica una ruptura clara del
hilo constitucional y traspasa claramente
los límites del autoritarismo formal. La
única forma de mantener una decisión como
esta es con represión y autoritarismo en
contra de los más de 14 millones de
venezolanos que votaron por la Asamblea
Nacional en diciembre de 2015. Esperamos que
prive la sensatez y no se siga promoviendo
la violencia entre los venezolanos.
El contexto es
complejo: el Consejo Nacional Electoral
tiene secuestrado el derecho al voto; el
Tribunal Supremo de Justicia impide que la
Asamblea Nacional ejerza sus funciones; el
Poder Ejecutivo gobierna con un Estado de
Excepción y un Decreto de Emergencia
Económica desde hace más de un año, pero la
crisis económica sólo se agudiza; y el
Consejo Moral Republicano se debate entre
las declaraciones de la Fiscalía General
rechazando las sentencias 155 y 156 de la
Sala Constitucional del TSJ como la
violación de la integridad de la República y
la ignominia de la Defensoría del Pueblo y
la Contraloría General. No basta con que la
Fiscal General de la República haya
reconocido públicamente la ruptura del hilo
Constitucional, ella está en la obligación
determinada en la Constitución de convocar
al Consejo Moral Republicano, órgano
competente y no el Consejo de La Defensa
como lo hizo el Presidente de la República
Nicolás Maduro, para emprender las acciones
contra los 7 Magistrados de la Sala
Constitucional del TSJ por sus actuaciones.
Además, debe ejercer de oficio las acciones
penales contra estos Magistrados, conforme
a la Constitución, la Ley Orgánica del
Ministerio Público y el Código Penal.
Nos esperan
tiempos de profunda convulsión política.
¿Quién está en desacato? ¿Una Asamblea
Nacional que no ha podido desde su elección
ejercer sus competencias constitucionales de
legislar y controlar, cuyas decisiones,
desde la aprobación de leyes, hasta la
destitución del presidente no tienen efectos
reales? ¿Un TSJ que pretende desconocer la
AN, disolverla y ejercer como juez y parte
de todas las decisiones del país pasando por
encima del CNE y la AN? ¿Un CNE que limita
los derechos constitucionales a elegir y ser
elegido, viola la carta magna al no convocar
procesos electorales a discreción,
adelantarlos o retrasarlos sin dar
explicaciones de ningún tipo al país? ¿Un
Poder Ciudadano que en voz de la Fiscal
General desconoce las sentencias del TSJ y
anuncia la ruptura del orden constitucional?
Acudimos a un
Reality Show donde es claro que el Poder
Ejecutivo controla el TSJ y el CNE,
pretendiendo anular por esa vía el
Parlamento Nacional y secuestrando los
procesos electorales pasados, como el
Referendo Revocatorio; pendientes, como las
Elecciones Regionales; y futuros, como las
Elecciones Municipales y Presidenciales,
todos estos sin claridad de cuándo serán
convocados y ejecutados, en un contexto en
el cual el gobierno le teme a la voluntad
popular expresada a través del voto.
Un Reality Show
en el cual los poderes públicos se
desconocen entre si, la crisis institucional
no permite el ejercicio de las libertades
democráticas y la crisis social y económica
hace que los ciudadanos desconfíen de todo y
de todos, empleen su tiempo y esfuerzo en la
satisfacción de necesidades básicas que hoy
son difíciles de satisfacer en Venezuela y
miren el futuro con la desesperanza propia
de no ver salidas claras.
La ruta, sin embargo, sigue siendo
democrática y es electoral. El mensaje a los
ciudadanos es a participar, a exigir
pacíficamente el restablecimiento de la
democracia y la recuperación de las
instituciones. El mensaje a la sociedad
política es hacia la construcción de un
acuerdo nacional de transición
que permita tomar decisiones para contener
el avance del deterioro económico y de la
pobreza, mientras se les ofrece a los
venezolanos la posibilidad de reconstruir su
futuro a través de la elección de un nuevo
equipo de hombres y mujeres que sean capaces
de sacar a Venezuela y a los venezolanos de
la gravísima crisis que atravesamos, la más
grave de nuestra historia republicana. Esto
no es una entelequia, es una labor
política que requiere del concierto y la
participación de todos, de toda la sociedad,
de todos los que creemos en la democracia
como sistema y como modelo.
…Construimos Democracia |
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