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Emplazando al CNE y la ANC a convocar Elecciones Parlamentarias Anticipadas
SÚMATE: NICOLÁS MADURO PRETENDE DAR UNA ESTOCADA FINAL A LA ASAMBLEA NACIONAL
(Caracas, 22 Mayo de 2019 - NPS 660)
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La Asociación Civil Súmate rechaza el
emplazamiento que hizo Nicolás Maduro a las
autoridades del Consejo Nacional Electoral
(CNE) de adelantar las elecciones de la
Asamblea Nacional (AN), justo cuando se
cumple un año de la farsa del 20 de mayo de
2018 y arrecian las pruebas y declaraciones
nacionales e internacionales sobre un
proceso fraudulento que ha generado un
consenso internacional en torno a la crisis
de legitimidad de las instituciones en
Venezuela, empezando por la Presidencia.
Alerta la ONG que esta posibilidad pretende
ser la estocada final en una estrategia
sistemática para disolver el Parlamento,
único poder público legítimo en Venezuela.
De acuerdo con Súmate, la estrategia de
disolver el parlamento ha sido ejecutada
desde el propio 2015 con la designación
ilegal de los magistrados del TSJ que
correspondía elegir en el nuevo periodo
constitucional, posteriormente en 2016 con
la desproclamación de los diputados de
Amazonas para socavar la mayoría calificada
obtenida por la oposición y ha continuado
sistemáticamente desde entonces con la
declaración por parte del TSJ del
“Desacato”, la ilegalización de los partidos
políticos que hacen vida en el parlamento,
el desconocimiento de las labores de control
y legislativa, así como también ha
proseguido de manera continuada con el
ataque a 24 diputados principales y 5
suplentes, que los ha llevado al exilio, al
asilo, a estar bajo medidas cautelares e
incluso en la cárcel, con lo cual, pretender
adelantar las elecciones legislativas,
implicaría el golpe final a la democracia en
Venezuela.
Súmate recuerda que la Constitución
Venezolana establece periodos claros para el
desempeño del Poder Legislativo. En el caso
de las elecciones parlamentarias, estas
deben hacerse acorde con la finalización de
los períodos constitucionales y legales, de
acuerdo con el artículo 42 de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE y el
artículo 192 de la Constitución, que
establece el mandato parlamentario en cinco
años, por lo cual el nuevo periodo
legislativo iniciará el 5 de enero de 2021,
con lo cual las elecciones deben llevarse a
cabo en diciembre de 2020.
El único supuesto para disolver el
Parlamento está previsto en el artículo 240
de la Constitución, en el cual se explica
que el presidente de la República procederá
con la disolución y se convocarían nuevas
elecciones, siempre y cuando se haya
producido la remoción del Vicepresidente
Ejecutivo en tres oportunidades dentro de un
mismo periodo constitucional, como
consecuencia de la aprobación de mociones de
censura, lo cual no ha ocurrido.
Súmate alerta que convocar las elecciones
parlamentarias con un año de anticipación es
totalmente inconstitucional e irrespeta la
voluntad de los 14 millones de venezolanos
que votaron el 6 de diciembre para un
periodo de cinco años. Recuerda la ONG a
quienes desempeñan cargos dentro de los
Poderes Públicos que toda violación al marco
jurídico nacional vigente acarrea
responsabilidades individuales civiles y
penales.
De igual manera, Súmate ratifica su posición
de que la Asamblea Nacional Constituyente es
fraudulenta desde su convocatoria y ha
pretendido funcionar como un órgano paralelo
a la AN, usurpando las competencias del
Parlamento. En este sentido, rechaza que se
pretenda no solo continuar con este
mecanismo de boicot institucional, sino
extenderlo hasta diciembre 2020
profundizando la crisis institucional que
vive Venezuela.
Por último, Súmate rechaza enérgicamente el
control que se ejerce desde el partido de
gobierno sobre todo el engranaje
institucional venezolano. Propone la ONG que
para retomar el camino democrático es
necesario un gran pacto de unidad nacional
que se construya sobre la base de la
devolución de las competencias a la Asamblea
Nacional y se retome este espacio como gran
foro político nacional, la disolución de la
ilegítima Asamblea Nacional Constituyente,
la elección constitucional de nuevas
instituciones (CNE, Poder Moral y TSJ)
imparciales e independientes, para
finalmente proceder a la convocatoria de
elecciones verdaderamente libres que
permitan a los ciudadanos retomar la
confianza en el sufragio como mecanismo para
la solución de conflictos en democracia.
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