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Comunicado Súmate y CEPYG UCAB
INTROMISIÓN JUDICIAL EN ELECCIONES DE BARINAS
(Caracas, 03 de Diciembre de 2021)
- Durante una semana, después de haberse
realizado las elecciones regionales y
municipales del pasado 21 de noviembre, la
ciudadanía de Barinas y del país en general,
estuvo a la expectativa del resultado de las
votaciones para elegir el nuevo gobernador
de esa entidad. Según se informó, el retraso
se debía a que faltaban por evaluarse tres
actas que el Plan República, asumiendo una
función que no le correspondía, no había
entregado al Consejo Nacional Electoral.
El fin de semana pasado, el organismo
comicial había delegado en una Junta
Nacional Electoral la revisión de estos
instrumentos comprobatorios de los votos que
faltaban para que se anunciara el veredicto
y que finalmente fueron entregados por los
componentes militares que las habían
retenido incumpliendo las normas y
procedimientos establecidos por el CNE para
el Plan República. Pero el lunes 29, cuando
se esperaba la resolución final de la Junta
del CNE, se produjo un sorpresivo dictamen
de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia, mediante el cual se ordenaba
suspender la contabilización de los votos,
bajo el argumento de que el candidato Freddy
Superlano -a quien en la misma sentencia se
admitió como ganador ante el oficialista
Argenis Chávez-, estaba inhabilitado para
aspirar al cargo de elección popular. Y, en
consecuencia, se ordenaba repetir las
elecciones en Barinas, fijando la fecha para
el próximo 9 de enero de 2022.
Se trata de un fallo que irrespeta la
voluntad de los electores barinenses,
quienes acudieron a las urnas para decidir
quién sería su gobernador entre los
candidatos que el CNE había autorizado
participar en esta contienda una vez
revisados los recaudos presentados por cada
una de las candidaturas.
La ciudadanía de Barinas, además de
participar en las votaciones, se mantuvo en
las calles y a través de distintos medios,
reclamando en forma pacífica que se
ofrecieran los resultados; y ha expuesto su
indignación ante este atropello contra la
voluntad que habían expresado a través de
las urnas electorales.
Esto refleja un comportamiento cívico que
demuestra la actitud democrática de la
sociedad barinense y el valor que representa
el voto como proceso para escoger las
autoridades, en este caso regionales. Por
otro lado, no haber caído en las
provocaciones generadas por una exagerada
militarización de la ciudad es una evidente
demostración del nivel de cultura cívica y
democrática del pueblo barinés.
En contraste, la jugada judicial demuestra
una vez más la utilización política del TSJ
en función de los objetivos del partido
oficialista PSUV, sobre todo en
circunstancias que le representan una
derrota derivada de la votación popular,
como ha ocurrido también en el caso de
Amazonas durante las elecciones del 2015
para la Asamblea Nacional, así como en los
comicios para elección de Gobernador en
Bolívar en 2017, entre otros casos.
La decisión del Tribunal Supremo de
Justicia, aceptada sin mayor reparo por el
CNE, se convierte en un ejemplo evidente de
lo manifestado en el Informe Preliminar
emitido por la Misión de Observación de la
Unión Europea, en el cual se cuestionan
tanto las prácticas ajenas a la integridad
electoral como la falta de separación de
poderes. La MOE de la UE destaca entre las
deficiencias estructurales del sistema
electoral venezolano las decisiones
judiciales ampliamente criticadas que han
afectado a la igualdad de condiciones al
sustituir a los comités ejecutivos de
algunos partidos, entregar sus tarjetas
electorales a facciones internas que las
utilizaron para presentarse a las
elecciones, así como la inhabilitación
política arbitraria de candidatos de la
oposición.
El informe de los observadores europeos,
presentado el martes 23 de noviembre, antes
de que se produjera la decisión judicial
sobre Barinas, ya advertía que “la falta de
independencia judicial y el irrespeto al
Estado de Derecho afectaron
desfavorablemente a la igualdad de
condiciones y a la equidad y transparencia
de las elecciones”, lo cual en sí mismo ya
es una violación a las condiciones
internacionalmente aceptadas de integridad
electoral.
Lo más grave es que, cuando se supone que
las elecciones constituyen un mecanismo para
la solución de conflictos, decisiones que
las empañan como esta del TSJ sobre Barinas,
logran lo contrario, los avivan. En ese
sentido, es necesario advertir las
impredecibles consecuencias que actitudes de
este tenor por parte del sistema judicial y
del poder electoral pueden tener sobre el
futuro de Venezuela. La intervención del TSJ
en los procesos electorales resquebrajan la
confianza de los ciudadanos en el voto.
El rescate de la institucionalidad, del
Estado de Derecho, de la integridad
electoral y del valor del voto, constituyen
ahora más que nunca, un reto para la
sociedad civil venezolana, que reclama
elecciones libres, transparentes y justas.
…Construimos Democracia |
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