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DICIEMBRE 2011 |
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Concluyó el primer año de sesiones ordinarias (primer y segundo períodos), y la labor de la Comisión Delegada de agosto-septiembre de la Asamblea Nacional.
Tras cinco años de hegemonía parlamentaria oficialista, en septiembre de 2010 los candidatos de la “Unidad Democrática” y los del PPT recibieron el voto mayoritario del 52% de los electores, aunque por las manipulaciones inconstitucionales de la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada en Agosto de 2009, sólo obtuvieron 67 diputados (65 la MUD y 2 el PPT), comparados con los 98 del oficialismo. Aunque ese resultado electoral no se tradujo en una mayoría parlamentaria para la disidencia política, las curules obtenidas han limitado al oficialismo la oportunidad de contar con el tipo de “cheque en blanco”, del cual hicieron uso en el anterior período 2005-2010, con una contención que le impide alcanzar las mayorías calificadas necesarias legalmente para tres propósitos fundamentales:
Sin embargo, al anticipar las elecciones hasta septiembre de 2010, la anterior AN aprovechó ilegítimamente el período entre esta fecha y las juramentaciones de los nuevos parlamentarios en enero de 2011, aprobando de manera “express” una serie de proyectos de leyes, especialmente en el mes de diciembre del año pasado:
Desde enero 2011 hasta la fecha, la actividad parlamentaria se ha caracterizado por un clima de pugnacidad y conflictividad que es contrario a los intereses del electorado que eligió a los diputados, y que espera la aprobación de leyes que contribuyan a mejorar su calidad de vida. La Asamblea Nacional planteó una agenda inicial de 28 proyectos de ley, incorporándose a lo largo del año otros proyectos, para llegar a 33; de los cuales hasta la fecha se han sancionado 13: Ley de Endeudamiento 2012; Ley del Presupuesto Fiscal 2012; Ley contra la Estafa Inmobiliaria; Ley de Regularización y Control del Sistema de Ventas Programadas; Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía; Ley de Reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina; Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas; Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos; Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998; Ley Especial de Endeudamiento Complementario para el Ejercicio Fiscal 2011; Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física; Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial y Ley de Condecoraciones del Distrito Capital. Los proyectos que se han sometido a Primera Discusión son: Ley sobre el Régimen de Administración y Aprovechamiento de Minerales no Metálicos del Distrito Capital; Ley Contra la Estafa por Compra Programada de Vehículos; Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción; Ley de Reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo y Código Orgánico Penitenciario. El balance de la labor parlamentaria hasta la fecha no responde a las demandas de los electores y plantea una serie de preguntas acerca de la efectividad de los asambleístas; una efectividad que muestra un saldo negativo, no sólo por el reducido número de instrumentos legales sancionados sino también por el tiempo dedicado a disputas que, en muchos casos, en nada ayudan a la paz del país y a su desarrollo integral como Estado y Nación. Además, se observa una cuestionable inasistencia de diputados no oficialistas a las sesiones, asociada en la percepción pública a la dedicación a sus precampañas electorales para participar en elecciones primarias a cargos de los Ejecutivos nacional, regional y municipal. Un aspecto importante con respecto a la dinámica que se observa en la actuación de la AN en este primer año de gestión, es la marcada diferencia entre los conceptos de país que el oficialismo y la unidad democrática defienden y pregonan, y que se muestran antagónicos hasta el punto de un conflicto existencial. Para los diputados del PSUV, su razón en el Parlamento parece ser contribuir a la consolidación del proceso revolucionario e ideológico que ha emprendido el Presidente Chávez desde 2007, lo cual implica la continuación del desmontaje sistemático y progresivo del Estado democrático, contraviniendo lo previsto en la Constitución de la República. En este particular, algunos parlamentarios oficialistas no han tenido prurito en destacar que trabajan a la orden del Primer Mandatario, apoyando ciegamente instrumentos legales que afectan, en mayor o menor medida, a algunos sectores del país y que inclusive conducen a la confrontación y la estigmatización de los mismos, como por ejemplo, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. En el otro sector, el de la disidencia política, la agenda se ha orientado a buscar la restauración de la normalidad democrática, desplegando esfuerzos por hacer valer la vigencia de la Carta Magna, especialmente en áreas como la descentralización, la autonomía de los poderes públicos y la contraloría como contrapeso al poder omnímodo del Ejecutivo Nacional. Este esfuerzo se ha visto disminuido ante
la deliberada sordera y la poca disposición a debatir de la bancada del
PSUV. Dos formas de ver las cosas que, en principio se antojan
irreconciliables. El diálogo se hace infructuoso, dejando de lado al
electorado, que está a la espera de que sus parlamentarios se conviertan
en una vía para la solución de los verdaderos problemas que los aquejan. |
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Monitor Parlamentario: una publicación de Súmate |
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El
balance parlamentario ha dejado un sinsabor, que a muchos pudiera no
sorprender, dada la composición de la AN, que ha sido determinante en su
desempeño general.