Desde el 17 de diciembre de 2010, fecha en que la Asamblea Nacional saliente aprobó la Ley Habilitante por 18 meses, afectando la gestión de los nuevos Diputados que ya estaban electos y no habían tomado posesión para esa fecha, hasta el domingo 17 de junio de este año, el Presidente de la República usurpó la función legislativa y se extralimitó en sus funciones.

El mandatario nacional aprobó decretos de ley que no estaban dentro de la facultad de legislar que se le otorgó con base en: “las continuas necesidades humanas vitales y urgentes, derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental”. (Gaceta Extraordinaria, 17-12-2010)

La mayoría de los Decretos de Ley dictados por el Presidente de la República no se apegó al objeto de la habilitante otorgada y reguló actividades muy sensibles a la instrumentación democrática de la República. También hubo Decretos de Ley que afectaron leyes orgánicas, que en principio no debieron ser aprobadas por esta vía, entre ellas: la Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Ley Orgánica de las Dependencias Federales y la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

Adicionalmente, un Gobierno Nacional que ha pregonado la inclusión del pueblo en la gestión pública, presenta en la actualidad, después de 18 meses de funcionamiento de una Asamblea Nacional electa en 2010 y en la cual cuenta con la mayoría absoluta, el siguiente desempeño:

En el año 2011 sancionaron un total de 16 leyes, aún cuando en la agenda legislativa ofrecida previamente se contemplaba 33 proyectos;

En 2012, las Comisiones Permanentes no tienen plan de trabajo, ni presentan proyectos de ley orientados a resolver los problemas de las mayorías, lo que trae como consecuencia que ni siquiera se haya elaborado una agenda legislativa como programación de actividades para este año. Además, se niegan a debatir sobre la actualidad política nacional y se rehúsan a investigar casos de violaciones de los derechos humanos y acusaciones de corrupción en las cuales pudieran estar involucrados funcionarios públicos vinculados al partido de gobierno; y, finalmente, ni siquiera se someten a consulta pública proyectos de ley de gran impacto social como por ejemplo la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, hoy llamada Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras.

En circunstancias normales, se puede evaluar el desempeño de una Asamblea Nacional como un todo institucional, de acuerdo con indicadores tales como asistencia de los parlamentarios, proyectos presentados y discutidos, deliberaciones sobre aspectos de actualidad política y social, interpelaciones, trabajo de las comisiones, entre otros. En un contexto como el que se vive hoy en día, esto constituiría no sólo una dificultad, sino también una injusticia: la composición política actual del parlamento no reproduce la estructura de la sociedad (el PSUV con el 47,3% de los votos, obtuvo 59,4% de los escaños, mientras la Unidad Democrática con el 52,7% de los votos obtuvo 40,6% de los escaños); las limitaciones políticas con las cuales conviven los sectores de oposición para cumplir su labor parlamentaria, les impide ejercer un adecuado contrapeso en la formación de las leyes, que más allá de la capacidad de alzar voces de reclamo ante la opinión pública, poco pueden lograr ante el control que ejerce el Ejecutivo sobre el Legislativo; y, por último, no se respeta ni se garantiza el derecho que posee el ciudadano de conocer y exigir explicaciones a los funcionarios e instituciones públicas sobre su gestión, ni el deber correlativo de éstos a mantener a la sociedad en general informada sobre los aspectos generales y específicos de su trabajo.