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Ante el creciente clima de tensión que
invade la vida política del país, resulta crucial que la
Asamblea Nacional asuma el ejercicio de su función de
contraloría política y de gestión sobre la
Administración Pública Nacional y sobre el Ejecutivo en
especial, ejerciendo los diversos mecanismos de control
consagrados en la Constitución: interpelaciones,
investigaciones, preguntas, autorizaciones y
aprobaciones, entre otros, pudiendo también investigar y
declarar la responsabilidad política de los funcionarios
públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las
acciones para hacerla efectiva como lo establecen los
artículos 187 y 222 de la Constitución de la República.
El país reclama un ejercicio eficiente de
la función parlamentaria, al tiempo que demanda una
profunda vinculación con las entidades federales y con
las necesidades del pueblo. El Estado requiere un
desarrollo de la gestión parlamentaria acorde con los
cambios del país, como expresión de los reclamos y
problemas sociales que sufre la población venezolana.
Mucho se ha escrito acerca del papel de
la Asamblea Nacional en la Democracia venezolana, sólo
en 2013 el balance es esclarecedor: cumple apenas con el
51,72% de la agenda legislativa; aprueba 265 créditos
adicionales que incrementan en 70,23% el presupuesto
nacional; sanciona una nueva Ley Habilitante al Poder
Ejecutivo que le otorga poderes amplios, incluso en
materias exclusivas del Parlamento, al Presidente de la
República, dejando en manos de una sola persona la
actividad legislativa del país; mantiene la mora en la
designación del Contralor General de la República, de 11
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de tres 3
Rectores principales del Consejo Nacional Electoral con
sus 6 suplentes; llevó a cabo los “allanamientos” de la
inmunidad de los diputados Richard Mardo y María
Aranguren, utilizados para inhabilitarlos y modificar la
correlación de fuerzas políticas dentro del Parlamento
Nacional; aprobó solicitar el allanamiento a la diputada
María Corina Machado e ignoró reiteradamente todas las
solicitudes de las fuerzas de la Unidad Democrática para
debatir acerca de los múltiples problemas del país, y
con ello a más del 52% de los venezolanos que votaron en
septiembre de 2010 por candidatos distintos al PSUV y
sus aliados.
En momentos en los cuales se exclama
desde todos los sectores de la sociedad la necesidad de
un diálogo nacional para solucionar la grave crisis
social, política y económica que nos afecta y donde no
hay acuerdos claros sobre cuál ha de ser el marco mínimo
de “condiciones” o “reglas del juego” para un diálogo;
desde Súmate y a través de este Monitor Parlamentario,
más allá del balance negativo que presenta la Asamblea
Nacional durante un año de su gestión, observamos cómo
la mayoría del Parlamento se ha colocado de espaldas a
la Constitución de la República, tanto de su espíritu
como del marco específico establecido en la misma y de
los venezolanos al no representar y asumir los intereses
más sentidos de la población, al tiempo que dicho órgano
legislativo continúa actuando al servicio del Poder
Ejecutivo dejando de cumplir con su rol de garante de la
Constitución y los derechos ahí consagrados y como parte
del equilibrio de poderes necesario en toda democracia..
A la fragilidad de la legitimidad de
origen de la Asamblea Nacional, herida al constituirse
con un balance de fuerzas políticas contrario a la
voluntad soberana expresada en las elecciones del pasado
26 de septiembre de 2010; hay que sumarle el daño a su
legitimidad de desempeño porque: no respeta la
investidura de sus miembros ni la voluntad de los
electores; no investiga ni sanciona las agresiones
físicas entre los mismos diputados; no es un espacio de
respeto y tolerancia a las diferencias y la disidencia
dentro de su seno como fuera del mismo; no permite el
intercambio de ideas sin vejar, maltratar o insultar al
otro; viola constantemente la Constitución en la
aplicación de normas y procedimientos internos; no
renueva los titulares de los poderes públicos vencidos;
y desconoce absolutamente la existencia de un enorme
sector del país que se ha manifestado electoralmente
diferente al Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV),
y que se encuentra en las calles solicitando ser
escuchado, clamando la solución a los problemas
sociales, económicos y políticos.
Hoy la Asamblea Nacional es la punta de
lanza para coordinar tantas violaciones a la
Constitución como sean necesarias para dar un halo de
legalidad a la intención de eternizar en el poder al
PSUV y utilizar toda la Administración Pública como un
instrumento de censura, persecución y represión de las
libertades civiles y políticas de los ciudadanos
venezolanos.
La Asamblea Nacional se debe medir más
allá de la realización de sesiones semanales y del
número de instrumentos legales sancionados, pero el
análisis cualitativo de su actuación es aún más
devastador: sancionó en junio de 2013 primero una Ley
Orgánica para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y luego una Ley
para el Desarme y Control de Municiones; pero hoy, menos
de un año después se pone de espaldas a decenas de
denuncias sustentadas sobre torturas, se niega a debatir
el problema de la inseguridad y el desarme de grupos
para-legales armados y, además, crea una “Comisión de la
Verdad” sin presencia de la oposición política (martes
18-03-2014).
El horizonte es oscuro, urge sindéresis, tolerancia, respeto y trabajo en equipo para solucionar los problemas del país, pero esto no es viable si todas las instituciones democráticas llamadas “controlar el poder y sus excesos” están secuestradas por uno solo de los poderes, el Ejecutivo Nacional y por el PSUV. Sólo es posible rescatar la Democracia venezolana rescatando el rol de las instituciones y esto, más que una entelequia, debe ser una meta política, la verdadera señal y la primera piedra del camino de la Paz. |
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